La comunidad educativa balear esta planteando un pulso sin precedentes al gobierno en forma de huelga indefinida. El motivo, la implantación del TIL (Tratamiento Integral de Lenguas), un polémico decreto que acaba con la inmersión lingüística para implantar un modelo trilingüe. Los partidarios defienden que es necesario asegurar el conocimiento del inglés en una comunidad que vive del turismo. Los detractores aseguran que se trata de una cortina de humo para reducir la presencia del catalán en las aulas. Añaden que la ejecución del plan es precipitada y que el profesorado no dispone de la preparación adecuada para impartir clases en inglés. Ciertamente, el decreto establece que con un B-2 ya se pueden dar clases, por ejemplo, de matemáticas. Según el Marco Común europeo de Referencia para las Lenguas, este nivel está por debajo del C-1, que constata el Dominio Operativo Eficaz de la lengua en cuestión.
Más allá de la polémica pedagógica se aprecia también un contexto de hartazgo hacia la manera autoritaria de gobernar de un José Ramón Bauzá que, dos años y medio después de llegar al poder, muestra síntomas de ebriedad por exceso de mayoría absoluta.
El TIL fue aprobado vía decreto ley ante la oposición manifiesta de buena parte de la comunidad educativa. Los principales sindicatos presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. Este les dio la razón suspendiendo cautelarmente la aplicación del TIL, cuando faltaba poco más de una semana para el inicio del curso. Al gobierno solo le faltaron dos horas para aprobar otro decreto ley urgente que esquivaba la sentencia. La maniobra jurídica, si bien perfectamente legal, acabó de encender los ánimos entre el profesorado.
Durante la primera semana de huelga, y sin entrar en la guerra de cifras, la sensación general es que la protesta está ganando apoyo popular. Incluso el sindicato ANPE, vinculado al PP, se adhirió a última hora. En lo que refiere a la organización, llama especialmente la atención el protagonismo de un elemento que hacia tiempo había desaparecido de las protestas sociales: la solidaridad económica articulada alrededor de la caja de resistencia.
Las aportaciones a esta cuenta ya casi llegan a los 60.000 Euros, un dinero con el que se compensará a los huelguistas, que pierden una media de 100 Euros diarios por cada día de huelga. La idea surgió de la Asamblea de Docentes, un ente auto-gestionado nacido en los centros, en paralelo a los sindicatos, y que se ha convertido en el auténtico motor de la movilización. Tanto por su origen asambleario como por el éxito de la caja de resistencia, esta huelga aporta aire fresco a las movilizaciones sociales recientes. Rompe, por ejemplo, con la idea que la sociedad ha perdido capacidad de organizarse solidariamente para plantar cara al poder. Y por eso es importante. Habrá que estar atentos para ver si esto tiene continuidad o queda en un espejismo. Mientras la caja reciba fondos, los profesores podrán seguir desafiando a un gobierno que, de momento, sigue enrocado lamentando que «los niños sean rehenes» de lo que consideran una «huelga política». Curiosa, por cierto, la manera de desacreditar teniendo en cuenta que viene de boca de políticos.
