La unión de las palabras Catalunya y banco es sinónimo de fracaso. Al menos así lo demuestra la historia. El Banco de Catalunya, creado en 1920, quebró en 1931, al inicio de la II República. Banca Catalana, la entidad fundada por Jordi Pujol en 1959, fue intervenida por el Fondo de Garantía de Depósitos en 1982. Y Catalunya Banc, fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, fue rescatado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en noviembre de 2011.
Las tres entidades provocaron pérdidas millonarias a sus accionistas y clientes. En el caso del grupo Banca Catalana (que también incluía el Banco Industrial de Catalunya) su agujero se cuantificó en 139.000 millones de pesetas y requirió unas ayudas públicas de 275.713 millones. En el caso de Catalunya Banc, el FROB ha aportado, hasta ahora, 12.052 millones de euros y hay unos 70.000 clientes afectados por la estafa de las preferentes y la deuda subordinada.
La querella fallida
Pero la historia también ofrece unos paralelismos curiosos. En mayo de 1984, la Fiscalía General del Estado interpuso una querella criminal contra 25 miembros del consejo de administración y altos ejecutivos de Banca Catalana, acusados del desfalco producido en este grupo financiero. Entre los acusados había el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y destacados empresarios como Jaume Carner, Andreu Ribera, Olegario Soldevila, Joan Baptista Cendrós o Joan Millet.
El entorno de Pujol acusó Narcís Serra, entonces ministro de Defensa del gobierno de Felipe González, de ser el «inspirador» político de esta querella, que fue elaborada por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo. La causa: la frustración existente en el PSC porque Jordi Pujol había ganado por mayoría absoluta las elecciones a la presidencia de la Generalitat.
Tras una tumultuosa instrucción sumarial, en la cual abundaron las presiones políticas y económicas de todo tipo, el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona decidió, en 1986, desestimar la querella contra Jordi Pujol. Cuatro años más tarde también archivó el sumario contra el resto de imputados.
29 años después
Desde 1984 ha llovido mucho. Pero he aquí que, 29 años después, la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una demanda contra Narcís Serra, Adolf Todó y los 52 miembros del consejo de administración de Caixa Catalunya del año 2010. Jordi Pujol, en su senectud, debe haber sonreído. El mismo trance que él sufrió en 1984, y que le marcó profundamente de por la vida, ahora le toca pasarlo a su perseguidor Narcís Serra.
Si en el caso de Banca Catalana, el partido Convergència Democrática movilizó sus bases para que se manifestaran por las calles de Barcelona contra el procesamiento del presidente de la Generalitat, Narcís Serra no tiene hoy quién lo defienda, más allá de su abogado. Al exalcalde y exministro socialista le espera un amargo calvario judicial.
Las acusaciones del fiscal Fernando Maldonado a que tiene que hacer frente no revisten, de entrada, la gravedad de las imputaciones abocadas contra los directivos del grupo Banca Catalana. En los 19 folios de su denuncia, el fiscal anticorrupción acusa el consejo de administración de Catalunya Caixa de haber aprobado un incremento injustificado de las retribuciones de la cúpula ejecutiva de la entidad, cuando ya era público y notorio que pasaba por graves dificultades financieras que obligaron al FROB a inyectar urgentemente, ese mismo año 2010, una aportación de 1.250 millones.
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