Los datos conocidos esta semana revelan que la administración central empieza a desinflarse. El número de efectivos de la plantilla estatal se redujo un 2,66% hasta junio en relación con el mismo mes de 2012. El sector público contó con 566.375 trabajadores, a 30 de junio de este año, de los cuales medio millón eran funcionarios (-2,76%) y unos 66.000 personal laboral (-1,95%). Este recorte ha proporcionado un alivio para las arcas públicas de unos 176 millones de euros.
La contención del gasto mediante la reducción de plantilla sirve para que el Ejecutivo se acerque al límite de déficit fijado por el Banco Central Europeo. El año pasado, el Ministerio de Hacienda ya se ahorró 1.160 millones en gastos de personal.
Las retribuciones de personal se congelaron en 2012 y se prohibieron las aportaciones a planes de trabajo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia por jubilación. La masa salarial de los funcionarios pasó de los 16.391 millones en 2011, a 15.343 millones el año pasado, un 6,39% inferior y 1.048 millones menos.
La administración ya no crece. Las incorporaciones a la plantilla de trabajadores del Estado se limitaron, durante 2012, a las correspondientes a la ejecución de procesos selectivos de ofertas de trabajo de ejercicios anteriores. O a la aplicación del porcentaje de reposición de efectivos del 10% fijada para unos sectores determinados.
El año pasado, la no reposición del 100% de las jubilaciones hizo que el personal del sector público se redujera un 2,82%, 16.444 trabajadores menos, y se situó en los 572.000 efectivos.
Este año, las oposiciones para entrar a formar parte de la plantilla de trabajadores del Estado seguirán guardadas en el cajón del Ministerio de Trabajo. Sólo hay, en la Ley de Presupuestos Generales de este 2013, una partida reservada para la reposición del 10% para las fuerzas de seguridad del Estado y para el cuerpo de funcionarios que se dedica a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.
Dieta y privatizaciones
La dieta impuesta por la troika a países con un déficit público desmesurado puede comportar un alud de privatizaciones de empresas que opten a la gestión de los servicios que dejará de ofrecer la administración por la falta de efectivos. Por cada dos funcionarios que hay en Catalunya, en el resto de España hay tres.
Uno de los últimos ejemplos lo ha dado Madrid, donde este próximo lunes la Consejería de Sanidad publicará la adjudicación definitiva de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y Tajo (Aranjuez), que irán a parar al grupo puertorriqueño HIMA San Pablo, que se ha enriquecido con el turismo sanitario de los estadounidenses.
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