Los ‘tentáculos’ de CDC en el caso Palau

Los abogados del Palau de la Música que exculparon a CDC en su escrito de acusación pertenecen a una consultora favorecida por la llegada de CiU al Govern
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El escrito que la acusación particular que representa la Fundación del Palau de la Música entregó al juez que investiga el expolio del orfeón catalán ha provocado sorpresa por la exclusión de cualquier exigencia de responsabilidad sobre Convergencia Democràtica de Catalunya, como han hecho el resto de las partes en el caso. Incluso el propio magistrado, Josep María Pijuan, ha señalado a CDC en su auto de incoación.

Hasta ahora, la presidenta de la Fundación del Palau de la Música, Montserrat Carulla, había defendido la necesidad de transparencia para poder limpiar la imagen de la institución, durante años símbolo de la burguesía catalana, hasta que se destapó el escándalo del enriquecimiento descomunal de los anteriores gestores, Félix Millet y Jordi Montull. El escrito entregado ante el juez todavía ha de ser ratificado por el Patronato que dirige la Fundación del orfeón, por lo que podría incluir cambios que exigieran el procesamiento de responsables de CDC, como el ex tesorero del partido Daniel Osàcar.

Según El Periódico, Carulla ha mostrado su malestar con la decisión de los abogados que llevan la causa en nombre del Palau de la Música por exonerar en su escrito a CDC y Ferrovial, la constructora a la que el auto de procesamiento del juez acusa de pagar al orfeón comisiones del 4% sobre el montante de los contratos que el Govern ofrecía a la constructora. De ese porcentaje, la mayor parte se la habría quedado CiU –el 3,5%- mientras que el resto –el 0,5%- se lo embolsaban Millet y Montull.

El papel de PriceWaterhouseCoopers
Curiosamente, la acusación del Palau de la Música está dirigida por los abogados de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), que a principios de 2011 fichó a Joaquim Triadú, ex consejero de presidencia en uno de los últimos gobiernos de Jordi Pujol e histórico militante de Convergencia, para dirigir su departamento de derecho público y urbanístico.

El fichaje de Triadú por PWC coincidió con la llegada de CiU al Govern de la Generalitat, tras la etapa del tripartit, y desde entonces la consultora ha firmado suculentos contratos con la administración catalana. Según el anuario MediaCat, en los primeros meses de 2011 PriceWaterhouseCoopers obtuvo una decena de contratos por un valor superior al millón y medio de euros.

Actualmente, la consultora está gestionando el ERE en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), donde ha propuesto rebajas salariales del 7,5% de media y el despido de 312 trabajadores. Según miembros del Comité de Empresa, son los responsables de PWC quienes están liderando las negociaciones por parte de la CCMA y han propuesto eliminar programas de servicio público como Àgora, Karakia o Latituts.

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