Con un presupuesto de 44.000 millones de euros y una nómina de casi 200.000 funcionarios y trabajadores públicos, la Generalitat no es solo el principal símbolo del autogobierno de Cataluña, también es la principal empresa y el motor de nuestra economía. Para establecer una comparación, Seat factura unos 10.000 millones de euros anuales.
Por responsabilidad y por autoexigencia, es fundamental que la Generalitat esté gobernada con unos criterios de rigor, disciplina y transparencia. No solo porque gestiona el dinero público -que es sagrado-, sino porque ha sido, es y será la imagen que define de cara afuera a Cataluña y a los catalanes.
Desgraciadamente, el pujolismo convirtió la Generalitat en una institución infiltrada por el nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción. Siempre he mantenido que cuando estalló el escándalo del caso Casinos (1989), Jordi Pujol tendría que haber dimitido y desaparecer de la escena política. Pero, increíblemente, la justicia enterró este sumario -en el cual, tirando del hilo, también estaba involucrado el entonces rey Juan Carlos I- y de aquí vienen todos nuestros males (proceso independentista incluido).
La Generalitat se ha convertido en una administración pesada y desprestigiada y de esto solo tenemos la culpa los catalanes. A mí me desmoraliza profundamente la multitud de casos de despilfarro de dinero público que, día sí, día también, se destapan: los sobresueldos que se adjudicaban ilegalmente algunos altos cargos del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud o los informes que publica, de vez en cuando, la Sindicatura de Cuentas sobre los organismos de la Generalitat -el último, el de la Escuela de Administración Pública de Cataluña- donde se señalan sistemáticamente graves deficiencias de funcionamiento e irregularidades en la gestión presupuestaria.
También me indigna el pozo negro que es, desde hace años, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM), un organismo que se traga anualmente unos 2.000 millones de euros y que, entre otros muchos chanchullos, llena, de manera indecente, los bolsillos a los accionistas privados del tranvía del Baix Llobregat y del Barcelonès: Moventia (Miquel Martí), Globalvia, Alstom, FCC y Comsa. Es un servicio que tendría que ser público, como TMB o FGC, y que, con la complicidad de la ATM, ha caído en manos de unos tiburones que chulean y sangran a la Generalitat.
La ATM ha enterrado, hasta ahora, 115 millones de euros en la T-Movilidad, la tarjeta de plástico y la app que tienen que sustituir a los anacrónicos cartones que usamos para utilizar el transporte público. Lo ha denunciado, en unos excelentes reportajes, la periodista Mireia Márquez en el semanario EL TRIANGLE. El proyecto lleva una demora de siete años (!), el presupuesto se ha multiplicado, las primeras pruebas han sido un fracaso y todavía es hora que dimita alguien por este enorme fiasco y este inmoral derroche de dinero sin control.
Esta degradación también se constata en el centenar largo de cargos institucionales que tienen el mandato caducado y que hay que renovar, empezando por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -que es un foco de corrupción sistémica-, el Síndic de Greuges o la propia Sindicatura de Cuentas. Los intereses partidistas y las nóminas aberrantes que cobran estos cargos bloquean su obligada sustitución por ley.
Un caso gravísimo es el de la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, imputada por un chanchullo de prevaricación cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas y que intenta eludir la justicia envolviéndose en la estelada. Por su parte, Laura Borràs, como presidenta del Parlamento, intenta poner orden al caos de las retribuciones que cobran los diputados –unos 6.000 euros en el mes, de media-, gran parte de las cuales están exentas de la tributación del IRPF.
No lo consigue, a causa de la resistencia de los principales grupos parlamentarios, que no quieren renunciar a los indecentes privilegios de nuestros representantes políticos. O, en todo caso, exigen que el IRPF del complemento salarial por gastos de desplazamiento (unos 2.000 euros al mes) lo pague el erario público. ¡Qué caraduras! Y esto, en el Parlamento, que es el templo de la soberanía de Cataluña.
Reflejo de este desgobierno que sufrimos, el cuerpo de los Mossos d’Esquadra –el garante de la seguridad pública- también está infectado por la corrupción. No solo son los casos que destapa la División de Asuntos Internos (DAI) de policías que caen en la delincuencia o actúan fuera de la ley, como los últimos de Santa Coloma de Farners o los vinculados con la empresa de seguridad privada Double Group.
Durante años, los Mossos d’Esquadra han estado impasibles ante la corrupción convergente que se ha infiltrado en las instituciones catalanas y su actuación, por ejemplo, en el caso del Palau de la Música es una indecencia policial que sirvió para tapar una parte de los involucrados en la trama mafiosa que habían urdido Fèlix Millet y Jordi Montull. Tampoco se ha investigado ni depurado su policía política, de la cual fui víctima –entre otros muchos catalanes-, según se ha comprobado y documentado.
En vísperas de las pasadas elecciones del Barça, el ex-presidente Josep Maria Bartomeu fue detenido, esposado y encerrado en el calabozo por orden directa del comisario Ferran López, sin ningún mandamiento judicial. Después de las elecciones, Ferran López fue recompensado por Joan Laporta como nuevo jefe de seguridad de club, con una remuneración espléndida. ¿Por qué no se ha investigado esta detención ilegal y esta extralimitación de funciones del comisario, hecho con la descarada intención de favorecer a la candidatura de Joan Laporta?
Para reconstruir Cataluña necesitamos, antes de que nada, una Generalitat honesta y bien administrada. Esta es la tarea prioritaria que tiene que acometer el presidente Pere Aragonès si se quiere ganar la confianza y el respecto de los catalanes. Tiene mucho trabajo por hacer y tiene que saber que, en esta limpieza imprescindible, somos muchos los que estamos dispuestos a ayudarle.
