Tanto Plaja como la consejera de Territorio, Ester Capella, han defendido que se trata de un acuerdo que actualiza «cuestiones técnicas» y «no cambia nada» del macroproyecto, en la línea que ya había marcado las declaraciones del presidente Pere Aragonès este mismo miércoles. Preguntada por el motivo por el que no informó en rueda de prensa, Plaja ha dicho que no suele explicar acuerdos técnicos que dejan sin efecto acuerdos anteriores y ha añadido que se publicó en el portal de transparencia.

Según Capella, la polémica por el acuerdo de gobierno de febrero sobre Hard Rock es un «tema de campaña electoral pura», y ha recordado que esta cuestión ya hizo «descarrilar» los presupuestos para 2024. Además, ha insistido que, de no tramitarse, se podría cometer un delito de prevaricación. «No es el proyecto del gobierno, pero los gobiernos heredan miles de decisiones y, cuando no tienes capacidad de cambiarlas, las aplicamos siempre nos gusten o no nos gusten», ha añadido.

En cuanto al motivo por el que el gobierno de la Generalitat lo aprobó media hora antes de cerrar el acuerdo con el PSC sobre presupuestos, la consejera ha respondido que el acuerdo se estaba revisando y que se aprobó cuando se tuvieron «todos los elementos sobre la mesa». Capella, además, ha remarcado que no supone que se destine ni un céntimo de euro público a Hard Rock.

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El texto, según difunde la ACN, ensalza el plan de igualdad de la cámara catalana como herramienta pionera y reivindica la necesidad de defenderlo. Por este motivo, las tres formaciones han rechazado cualquier intento por «deslegitimar y criminalizar» tanto el protocolo contra las violencias machistas como las personas que lo han usado, a las que sostiene que hay que «proteger».

En concreto, lamenta la «persecución y denuncia» de las profesionales encargadas de la aplicación de este protocolo, después de que Junts presentara una querella contra la empresa externa que investigó la denuncia de Casol contra el mismo partido por acoso.

ERC, ECP y la CUP, por otra parte, han considerado que las filtraciones de los informes confidenciales en el marco de la aplicación del protocolo han provocado «una revictimización y criminalización» de las personas que denuncian.

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El texto, que se debatirá este martes por la tarde en la reunión de representantes de la Diputación Permanente, denuncia una amenaza a miles de activistas del movimiento independentista, con causas como la de Tsunami o contra los CDR, por ejemplo, en la operación Judas.

La declaración señala una «regresión» del derecho a la protesta en España y rechaza explícitamente la equiparación de terrorismo al independentismo en un intento de «criminalizar la protesta» y «silenciar la disidencia política». Así, los cuatro grupos alertan de que investigar por terrorismo acciones amparadas en el ejercicio pacífico de derechos fundamentales pone en peligro «los principios democráticos del Estado de derecho». Por eso, exigen que se retiren las imputaciones de terrorismo vinculadas a las protestas por la sentencia condenatoria a los responsables del 1-O.

La declaración registrada este martes pide también detener la «represión» contra el independentismo y contra los movimientos populares, e insta al gobierno central y el Congreso de los Diputados a realizar modificaciones legales para que nunca más se pueda equiparar la disidencia política al terrorismo, difunde la ACN.

ERC, Junts, CUP y En Comú Podem, en este sentido, han atribuido las investigaciones de la Audiencia Nacional y del Supremo a un intento de poner trabas a la aplicación de la ley de amnistía.

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Concretamente, Albiach ha señalado que la propuesta del presidente de la Generalitat en funciones no establece cómo se calcula la cuota que Cataluña pagaría al Estado por los servicios que ofrece, ni tampoco la contribución a la solidaridad que, para la líder de los comunes, no tendría que ser temporal. «La propuesta se tendría que haber trabajado en comisión de estudio o en la mesa de partidos», ha añadido.

En cuanto a los pactos postelectorales, Albiach ha reivindicado a su partido como el único en el Parlamento catalán que dice que no pactará con la derecha, ni con la derecha independentista ni con la derecha españolista, y ha marcado distancias con Junts asegurando que sus programas están en las «antípodas». Preguntada por si parar el Hard Rock será una condición sine qua non para la investidura a la presidencia de la Generalitat, Albiach se ha limitado a decir que «no tendría sentido que un gobierno de izquierdas haga políticas de derechas».

En referencia a un referéndum, la líder de los comunes ha dicho que su partido «siempre ha defendido el derecho a decidir y que los catalanes voten su futuro», pero ha añadido que también continuarán defendiendo la necesidad de la mesa de diálogo para avanzar en el autogobierno.

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«Nosotros tenemos claro que el adversario está en el otro lado de la pancarta, nosotros estamos abiertos», ha asegurado la líder de los comunes en Cataluña. De cara a posibles alianzas postelectorales, Albiach ha recalcado que siempre serán coherentes con sus planteamientos en base al progresismo, y que serán exigentes a la hora de negociar.

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La votación -68 a 67- ha empezado finalmente a las 15:30 horas, después de que la presidenta de la cámara, Anna Erra, lo haya aplazado por la ausencia de un diputado de Vox y por el hecho de que la diputada no adscrita Cristina Casol (ex de Junts) anunciara su apoyo a las cuentas. Erra ha alegado que había que «dar tiempo» a los diputados para asistir al pleno, ante la «sorpresa» del gobierno catalán y de ERC. A pesar del apoyo de Casol a las cuentas, el ejecutivo de Aragonès no ha obtenido los apoyos necesarios y, sumando el voto delegado del diputado de Junts Lluís Puig, las enmiendas a la totalidad han salido adelante.

Justo después de que la presidenta del Parlament haya anunciado el resultado de la votación, Aragonès ha solicitado un receso y ha decidido convocar un Consejo Ejecutivo extraordinario para aprobar la retirada de la ley de acompañamiento, evitando así perder una nueva votación, y para parar también la tramitación del proyecto de ley de presupuestos. En la reunión, el gobierno catalán analizará la situación y los posibles pasos a seguir y, al acabar, el presidente de la Generalitat comparecerá ante los medios de comunicación.

Todos los escenarios abiertos

Sin unos nuevos presupuestos para 2024, en la Generalitat no se descarta ningún escenario. Ya hace días que el ejecutivo catalán avisa que, si los comunes tumbaban las cuentas, «habría consecuencias», y todo apunta a que ERC podría negarse a aprobar los presupuestos del Estado. Entre las filas de los republicanos también aumenta el debate sobre qué hacer en Cataluña.

Por un lado, el gobierno de Aragonès puede mantener la prórroga presupuestaria e intentar negociar partidas concretas para ampliar las cuentas de 2023, a pesar de que con poco margen. Sin embargo, cada vez hay más voces que estudian el escenario de un adelanto electoral en Cataluña. De hecho, los grupos parlamentarios de Junts y Ciudadanos han aprovechado el debate de este miércoles para pedir este escenario.

Desde ERC sostienen que, al tumbarse los presupuestos, hay que valorar si merece la pena «aguantar» hasta el final de la legislatura, o bien avanzar las elecciones. En este sentido, ya hay dirigentes republicanos que estudian si, en el caso de avanzarlas, es mejor ir a las urnas inmediatamente, es decir, antes de las elecciones europeas, o bien esperar al otoño. Hasta ahora, Aragonès siempre ha mantenido en público que tiene la intención de agotar la legislatura y convocar las elecciones en febrero de 2025.

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Según fuentes de los comunes, esta oferta sobre los macroproyectos no es nueva y ya estaba sobre la mesa en la reunión de este martes por la tarde entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, que acabó sin acuerdo. Los comunes mantienen que parar el plan director urbanístico del Hard Rock es una decisión política e insisten en pedir un compromiso explícito de Aragonès de pararlo: «En política no todo es el relato y la comunicación. Son cosas tangibles. ¿Se quiere o no se quiere hacer el Hard Rock? Esta es la pregunta«, ha añadido Cid en su mensaje en las redes sociales.

Fuentes de los comunes aseguran que el gobierno catalán les ha trasladado que el plan director urbanístico saldrá adelante y que formalizarán la opción de compra. Por otro lado, en cuanto a la fiscalidad al juego, los comunes recelan porque, según dicen, el ejecutivo de Aragonès se ha puesto en contacto con los inversores para saber qué fiscalidad estarían dispuestos a aceptar para continuar con el Hard Rock. De este modo, los comunes creen que aunque se revirtiera la fiscalidad aprobada en 2014 y se volviera a situar en el 55%, el Hard Rock saldría adelante.

Además, según los comunes, el PSC no acepta cambios en la fiscalidad ni tampoco una moratoria para los macroproyectos con motivo de la sequía. A pesar de que a estas alturas no se ve margen para un acuerdo, el partido de Albiach asegura que están dispuestos a retirar la enmienda a la totalidad hasta última hora si Aragonès se compromete a parar el Hard Rock.

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Aun así, el gobierno catalán cree que no afectará al Hard Rock porque el Camp de Tarragona no está en emergencia y todavía falta mucho tiempo para que se ponga en marcha. Por otro lado, el ejecutivo de Aragonès también se compromete a modificar los impuestos a los casinos antes de acabar la actual legislatura y hacer un decreto para planificar el juego.

Después de esta última propuesta, la Generalitat entiende que los comunes pueden avalar un pacto que permita, al menos, retirar su enmienda a la totalidad y facilitar que los presupuestos continúen su tramitación en el Parlamento catalán. Aun así, las fuentes consultadas de la Generalitat son poco optimistas teniendo en cuenta cómo han visto la actitud del grupo en las últimas horas. La votación de las enmiendas a la totalidad está prevista para este miércoles a primera hora de la tarde.

Las ofertas de Aragonès

El Gobierno de la Generalitat ya ofreció este martes a En Común Podem una batería de políticas de vivienda para intentar salvar los presupuestos, como 53 millones de euros para 550 nuevos pisos públicos para las mesas de emergencia o una regulación urgente del alquiler de temporada. En total, contempla 100 millones de euros de inversión directa añadida en este ámbito.

Según el ejecutivo catalán, también ha planteado 33 millones de euros en becas comedor, 67 millones para la gratuidad de la educación infantil 2 y 30 millones más para reformas y mejoras en centros docentes. Además, contempla incrementar un 85%, hasta los 24,7 millones, la partida a la salud bucodental y destinar 212 millones durante este año a un «despliegue efectivo y territorial» de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, orientada a políticas de salud ambiental, salud física y emocional, salud comunitaria y lucha contra la obesidad infantil.

Por otro lado, en el ámbito energético, el gobierno de Aragonès ofrece 23 millones de euros para condonar la deuda contraída entre 2021 y 2023 por familias en situación de vulnerabilidad, y en materia de turismo, propone incrementar el impuesto sobre los cruceros, pasando de 3 a 4,5 euros en las estancias de corta duración (inferiores a 12 horas).

Todos los escenarios abiertos

Sin unos nuevos presupuestos para 2024, en la Generalitat no se descarta ningún escenario. Ya hace días que el ejecutivo catalán avisa que, si los comunes tumban las cuentas, «habrá consecuencias», y todo apunta a que ERC podría negarse a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así mismo, entre las filas de los republicanos también aumenta el debate sobre qué hacer en Cataluña. Por un lado, el gobierno de Aragonès puede mantener la prórroga presupuestaria e intentar negociar partidas concretas para ampliar las cuentas de 2023, a pesar de que con poco margen. Sin embargo, cada vez hay más voces que estudian el escenario de un adelanto electoral en Cataluña.

Varias fuentes consultadas de ERC sostienen que, en caso de tumbarse los presupuestos, habrá que valorar si merece la pena «aguantar» hasta el final de la legislatura, o bien avanzar las elecciones. En este sentido, ya hay dirigentes que estudian si, en el caso de avanzarlas, es mejor ir a las urnas inmediatamente, es decir, antes de las europeas, o esperar a otoño.

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«La ciudadanía nos vota para que miremos de hacer el bien común. Estoy segura de que el electorado de los comunes es lo que espera. Nos han hecho propuestas interesantes y necesitamos tiempo para intentar atarlo«, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya. Vilagrà ha asegurado que se están intensificando las negociaciones con los comunes para que los presupuestos salgan adelante, y ha destacado que «no nos podemos permitir el lujo de perder 2.400 millones de euros», en referencia a los recursos adicionales de las cuentas respecto a las de 2023.

Preguntada por el Hard Rock, el principal obstáculo de la negociación con En Comú Podem, Vilagrà ha insistido en que «se tiene que apartar este tema» de las negociaciones y encontrar lo que les une por el bien común. Respecto a Junts, con quienes se mantienen abiertas las conversaciones, la vicepresidenta ha calificado sus propuestas de «maximalistas y neoliberales» y ha señalado que «están muy fuera de la mayoría que hay ahora en el Parlament».

Una de las condiciones de Junts es eliminar el impuesto de sucesiones y Vilagrà ha avisado de que esta medida supondría reducir el presupuesto en 1.200 millones. «¿De dónde recortamos?», ha preguntado, dirigiéndose a los posconvergentes. En este contexto, la vicepresidenta ha pedido «responsabilidad» a los partidos y que todo el mundo tenga «visión amplia y amplitud de miras».

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«No és possible i seria prevaricar», apunten des de la Generalitat. En Comú Podem, per la seva part, nega que vulguin que l’executiu prevariqui, i assumeixen que l’informe estarà ben fet i sotmès a la llei. Govern i comuns s’han tornat a reunir aquest dimecres al voltant de les 16 hores per explorar un acord pels pressupostos.

El macroprojecte de Hard Rock continua sent el gran escull que impedeix l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2024. Des de l’executiu argumenten que el projecte no té «res a veure» amb els comptes, on no hi ha «ni un sol euro, ni una partida ni res» inclòs que faci referència al Hard Rock.

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Mas ha considerado que el complejo «no encaja» en la Cataluña de 2024 y ha recordado que el proyecto se empezó a gestar hace doce años y que la Cataluña de ahora «no es la misma que en 2012». Sobre la retirada del Hard Rock, la consejera ha insistido en que no depende de una decisión política y que «hay algunos elementos y pasos que se tienen que hacer y que están reglados por ley, y no hacerlos tendría consecuencias».

«El Govern tiene que ver en una pequeña parte muy reglada y no podemos hacer otra cosa que seguir los pasos de la parte reglada. No quiere decir que salga adelante», ha afirmado la titular de Economía de la Generalitat, que ha mantenido que el Hard Rock «no tiene nada que ver con las partidas presupuestarias». «La ciudadanía no puede entender cómo es que esta cuestión monopoliza tanto el debate», ha comentado la consejera.

Con todo, Mas ha vuelto a hacer un llamamiento a los comunes: «Nos tenemos que poder de entender. Lo que está en juego es importante, es tangible para la ciudadanía, el proyecto del Hard Rock no es tangible. Hace doce años que no se ha movido y quizás en doce años más no se habrá movido», ha señalado la consejera, que ha añadido que este tipo de proyectos «se dilatan mucho en el tiempo y acaban en un proceso envenenado».

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Aunque las cuentas del ejecutivo ya tienen el apoyo del PSC, continúan sin contar con los votos necesarios para sacarlos adelante, de forma que tendrían que conseguir más votos favorables o la abstención de otro grupo. A pesar de que las negociaciones con los comunes eran las que estaban más avanzadas, el Hard Rock ha sido una de las cuestiones que más ha encallado las conversaciones, puesto que En Comú Podem reclama el compromiso del ejecutivo catalán de no aprobar el plan director urbanístico (PDU) del macroproyecto.

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En este sentido, el negociador de los comunes ha recordado que la semana pasada el Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta de resolución de los comunes que insta al ejecutivo catalán a parar los proyectos, como el Hard Rock, que consumen mucha agua teniendo en cuenta el contexto de sequía. «El gobierno (catalán) no puede mirar hacia otra banda», ha insistido Gallego.

Joan Carles Gallego considera que el presupuesto para el 2024 que hay sobre la mesa es «poco ambicioso, irresponsable y poco coherente». Y ha insistido que el Hard Rock pose en evidencia que la acción del ejecutivo «no tiene coherencia» con las cuentas.

Según Gallego, la principal diferencia con el año pasado es que ahora el plan director urbanístico (PDU) necesario para sacar adelante el Hard Rock está sobre la mesa y que tanto gobierno catalán como el PSC han dicho que saldrá adelante. En cambio, según ha remarcado, cuando los comunes apoyaron los presupuestos el año pasado, el PDU no estaba sobre la mesa.

Los presupuestos pasarán la primera prueba de fuego en el Parlamento catalán el 13 de marzo cuando se debatirán y votarán las enmiendas a la totalidad.

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Mas ha pedido “no monopolizar” el debate de los presupuestos por un “proyecto en concreto” que está sobre la mesa desde hace 12 años, y ha destacado que el proceso de tramitación del proyecto -que admite que empezó siendo “faraónico y esperpéntico”, pero que se ha “ido ajustando»- está “reglado” y el gobierno catalán no puede intervenir. En cualquier caso, la titular de Economía cree que con los comunes “seguro” que se pueden llegar a entender para aprobar las cuentas. “Compartimos visiones en muchos ámbitos”, ha asegurado.

Preguntada por JxCat, la consejera ha reiterado que se mantendrá en vigor el impuesto de sucesiones, y ha destacado que la supresión que han hecho comunidades “de gobiernos de PP y Vox” es una “anomalía” en el contexto europeo, donde la mayoría de países tienen esta tasa. “Con Junts también podemos encontrar muchísimos puntos de acuerdo, y espero que los encontremos. Al final, llegas a un acuerdo con quien quiere llegar”, ha indicado.

Financiación singular

En cuanto a la propuesta del gobierno catalán de financiación singular, Mas ha asegurado que “está muy avanzada” y será “razonable” y “factible” tanto a nivel legal como técnico. De hecho, la consejera se ha mostrado confiada en que una vez que pueda presentar el documento a los agentes económicos y sociales, podrá generar un “consenso casi unánime” alrededor de la propuesta. “Quién nos pida seguir con un funcionamiento dentro del modelo común tendrá que explicarse muy bien, porque en el histórico de 35 años, hay que ver la demostración que tenemos que esto no ha funcionado nunca”, ha señalado la titular de Economía de la Generalitat, que ha insistido en que la propuesta de financiación singular “tiene todo el sentido del mundo”.

El objetivo y el calendario de la consejería de Economía es poder presentar la propuesta antes de que acabe el primer trimestre, es decir, cuando también se tendría que convocar la comisión bilateral gobierno central-Generalitat sobre financiación. En la reunión, Mas también querrá abordar otras cuestiones como la ejecución de inversiones o la negociación para cancelar 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En cualquier caso, según la responsable de Economía y Hacienda, hay que ser “conscientes” de que el principal problema es la infrafinanciación crónica: “La clave está en el hecho de que Cataluña y su gobierno dispongan de una cantidad razonable y justa de los recursos, es lo que habrá que defender”, ha considerado la consejera, que ha afirmado que a pesar de “la expansión presupuestaria, la Generalitat no dispone de una cantidad razonable de recursos”.

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De hecho, Aragonès ha recordado que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a modificar el anterior plan director urbanístico y ha añadido que la Generalitat está obligada a cumplir las sentencias. Además, ha argumentado que, en los últimos años, los impulsores del proyecto han ido adquiriendo derechos y, por lo tanto, esto «no se puede revertir arbitrariamente».

«Si hubiera una mayoría en el Parlamento y se decidiera echar atrás nos tendríamos que afrontar seguro a unas reclamaciones de un privado que ha ido adquiriendo un derecho», ha explicado el presidente de la Generalitat, que no ha querido dar una cifra sobre cuál podría ser la reclamación económica a pesar de que el gobierno catalán lo ha calculado para hacer un «mapa de riesgos». «Estaríamos hablando de repercusiones importantes», se ha limitado a añadir.

El jefe del ejecutivo catalán ha admitido que no es un modelo que le provoque entusiasmo, pero ha añadido que la decisión política se tomó en 2014 con el apoyo de CiU, PSC y PPC, una mayoría que, según ha remarcado, todavía se mantiene, motivo por el cual ha insistido que él tiene un «margen limitado». Sin embargo, Aragonès se ha dirigido a los comunes para defender que los presupuestos para 2024 no tienen nada que ver con el macroproyecto del Camp de Tarragona: «Lo que se vota de aquí a 15 días no es el Hard Rock. Se votará un presupuesto que no contiene ni un euro, ni una medida, ni ningún acuerdo sobre este proyecto», ha insistido.

Sobre el partido que lidera Jéssica Albiach, el presidente de la Generalitat ha afirmado que no le gusta «la política que se basa en utilizar una oportunidad que es buena para la ciudadanía para conseguir otros réditos». De todos modos, se ha mostrado convencido de que se llegará a un acuerdo para aprobar los presupuestos en el Parlamento catalán «con los comunes o con quién sea», y ha recordado que también hay conversaciones con Junts y la CUP, a pesar de admitir que están más avanzadas con En Comú Podem.

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Albiach ha replicado a Aragonés que si el gobierno de la Generalitat detiene el proyecto, no deberían pagarse indemnizaciones a los inversores. Además, ha lamentado que el presidente catalán esté «secuestrado» por una decisión que se tomó hace 10 años. En este sentido, ha instado a su ejecutivo a «proponer algo».

En cuanto a la reunión de este miércoles por la tarde con el gobierno de la Generalitat para negociar los presupuestos, Albiach ha manifestado que sus interlocutores estaban «poco receptivos». Según ha explicado, su grupo preguntó al gobierno cómo piensa cumplir la propuesta de resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña, en el marco del pleno monográfico sobre sequía, que instaba a una moratoria de proyectos como el Hard Rock teniendo en cuenta la situación actual de sequía .

Albiach ha dicho que los miembros del ejecutivo no les dieron una respuesta, pero ha asegurado que no se levantará de la mesa de negociación porque el tema de los presupuestos es importante.

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Pasadas unas semanas, Asens ha aceptado presentarse en las primarias que se han abierto en el espacio político y someter la decisión a la militancia. «Los caminos de la política son inescrutables y las ironías del destino me situaron en una posición central en la negociación de la amnistía. Personas que quiero me han pedido que dé paso adelante y finamente he aceptado», ha dicho en declaraciones recogidas por la ACN.

Asens presentará su candidatura a las primarias, donde cualquier militante del espacio de los comunes puede ser candidato, y será la militancia quien acabe escogiendo quien lidera la candidatura. Eso sí, siendo una figura tan reconocida y valorada dentro del partido, y contando con el apoyo de Colau y Albiach, se perfila claramente como el favorito en el proceso interno.

Asens ha considerado que es importante ir a Bruselas a plantar batalla ideológica. «Estamos en un momento de cruce histórico. Europa se juega muchas cosas. Tenemos, por un lado, la posibilidad de que Trump gane las elecciones en EEUU y, por otro, que la extrema derecha pueda ser el primer grupo del Parlamento Europeo. Es un momento crucial», ha manifestado.

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El jefe del ejecutivo catalán ha insistido en que no hay «ninguna razón» para no aprobar las cuentas de 2024, porque son «mejores» que las de 2022 y el 2023, las cuales, ha recordado, comunes y Junts apoyaron. Aragonès, por otro lado, ha subrayado que el proyecto del Hard Rock no depende de los presupuestos, y que continúa su procedimiento técnico al margen de las cuentas: «No ponemos ni un euro, ni una medida, ni se incorpora ningún acuerdo relativo al Hard Rock», ha enfatizado. De hecho, desde Palacio remarcan que aunque los presupuestos se tumbaran, el Hard Rock tiraría adelante su tramitación con el acuerdo empresarial porque «no depende en ningún caso» de los presupuestos.

Aragonés ha advertido que si los presupuestos no se aprueban lo que provocará será que tampoco saldrán adelante los recursos que las cuentas aportan para el ámbito de la educación, de sanidad, y para luchar contra la sequía. «Los presupuestos no se tendrían que sacrificar por otros debates legítimos que no guardan ninguna relación», ha manifestado el presidente catalán, que ha puesto su gobierno «a disposición» de los grupos hasta «el último minuto» para hacer que los presupuestos sean «una victoria del país».

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Así mismo, la vicepresidenta ha manifestado que confía en encajar los comunes en el pacto que tiene que permitir aprobar los terceros presupuestos consecutivos, y ha encontrado «evidente» que el ejecutivo tenga que incorporar enmiendas y propuestas de los otros grupos los próximos días. De hecho, Vilagrà se ha mostrado «convencida» de que en el marco de la negociación su gobierno será «capaz» de encontrar «encaje» de las propuestas vinculadas a educación, salud, movilidad, o energía, con el objetivo de dar salida y aprobar los presupuestos de 2024.

La vicepresidenta ha celebrado que, con el pacto con los socialistas, las cuentas ya tengan de momento 66 diputados y diputadas a favor de tramitar la propuesta presupuestaria. El gobierno catalán continuará negociando las cuentas, especialmente con En Comú Podem, con quien se reunirá este mismo jueves.

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«El Parlament no ha estado a la altura», ha lamentado Estrada. «Seguiremos luchando a pesar de que hoy es un día de vergüenza. La política no ha hecho el trabajo que tenía que hacer», ha añadido González. Ante esta situación, han pedido «perdón» a las familias de las víctimas, entidades y supervivientes.

Estrada ha calificado las conclusiones de «tomadura de pelo» y ha lamentado que haya sido un grupo de trabajo y no una comisión de investigación la encargada de analizar qué pasó en las residencias de gente mayor durante el covid. Según la diputada de la CUP, el hecho de que no se haya puesto en marcha una comisión de investigación responde a que ERC, Junts y PSC no han tenido interés en depurar responsabilidades y aclarar qué sucedió.

Por su parte, la diputada de los comunes ha reprochado a los tres grupos que hayan «descafeinado» las conclusiones y ha señalado que hubo «falta de coordinación» entre los entonces consejeros de Salud, Alba Vergés, y el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.

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El exdiputado de Podemos ha pedido unos días para pensarse la respuesta. En caso de que aceptara el encargo, la configuración de la lista electoral tendrá que pasar igualmente por un proceso de primarias. Hasta noviembre de 2023, el referente del espacio de los comunes en el Parlamento Europeo fue Ernest Urtasun. A finales del año pasado, sin embargo, fue nombrado nuevo ministro de Cultura del gobierno español y dejó la Eurocámara.

Asens fue líder de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura, y en junio anunció que no repetiría como candidato a las elecciones generales porque tenía la intención de abandonar la política institucional.

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La iniciativa nació originalmente a partir de una moción impulsada por la CUP. Según los grupos que la han registrado, la función del observatorio será verificar la aplicación de la ley de amnistía, y lo hará recogiendo todas las solicitudes y resoluciones en tribunales en el marco de la aplicación de la amnistía. Hará un seguimiento y acompañamiento y extraerá conclusiones sobre el grado de aplicación de la ley.

Una vez concluyan todas las peticiones a tribunales, el observatorio hará un informe sobre todos los casos y lo elevará a organizaciones, instancias y organismos internacionales que trabajen en la garantía y defensa de los derechos humanos, civiles y políticos.

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