El recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento decretado sobre este asunto en 2021 ha tenido éxito y las defensas no pueden plantear ningún recurso contra esta decisión, por lo que el Juzgado 18 deberá reanudar la investigación, que afecta al exsecretario general del Diplocat Albert Royo.

Hace dos años, el Juzgado 18 había archivado la pieza porque la sentencia condenatoria a los máximos responsables del 9N, el expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsejera Irene Rigau, había descartado que fueran culpables de malversación.

En concreto, Royo será investigado por haber autorizado el pago del viaje a Cataluña de ocho diputados europeos, en una causa centrada en determinar si altos cargos de la Generalitat destinaron fondos públicos a la promoción exterior del procés.

El propio Royo ha ironizado en Twitter sobre su situación: “Me han impuesto fianzas de millones de euros y por duplicado por unos mismos hechos, me reclaman 250.000 euros en el juzgado 13 por el 1-O y cientos de miles de euros por el trabajo realizado en Diplocat entre 2013 y 2017. Ahora no nos pondremos nerviosos por 60.000 euros de más por el 9N”.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga a Royo por los preparativos del 1-O y el Juzgado 18, por la acción exterior. Además, el exsecretario general del Diplocat fue encausado por el Tribunal de Cuentas por los gastos de promoción del procés.

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El informe del Tribunal de Cuentas relata que la entidad norteamericana Independent Diplomat (a la que el Diplocat le pagó 1.392.300 euros y la delegación de la Generalitat en Washington otros 92.843,61 euros más), logró, en septiembre del 2013, que el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat se entrevistase con un asistente adjunto de un subsecretario general de la OTAN, “lo que no resulta obviamente incluido en el ámbito competencial autonómico y puede conceptuarse como realizado con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España”.

A finales de aquel año, Independent Diplomat preparó reuniones “con miembros de gobiernos y parlamentarios extranjeros, preparó artículos y conferencias para el presidente de la Generalitat y los consejeros, elaboró listas de miembros de miembros del Parlamento de la UE y de los parlamentos de los estados miembros y de algunos miembros de la Cámara de los Lores, así como de periodistas”, con el objetivo de “obtener apoyos para la denominada vía catalana a la autodeterminación, el derecho a decidir del pueblo catalán y el referéndum”.

Esa entidad también auspició debates organizados por el Diplocat sobre el derecho a decidir en Cracovia, Estocolmo, Tel Aviv y Ramala entre 2015 y 2017. Además, promovió debates en Francia y preparó artículos para la web Catalonia Votes. Todo ello, argumenta el Tribunal de Cuentas, “resulta anómalo tanto respecto de las funciones del Diplocat como en relación con los fines y objetivos de la contratación realizada, entendida en el seno de la legislación vigente”.

Entre las actuaciones que están bajo sospecha (y que sí investigará el juzgado número 18 de instrucción de Barcelona) se encuentra la contratación en Bruselas de un espacio de coworking entre los meses de mayo y noviembre de 2017. Su utilización parece estar vinculada con el referéndum y destinada a trabajar en ese evento. La oficina, que costó 13.352,07 euros, fue contratada por Albert Royo (foto), entonces secretario general del Diplocat.

*Puede leer el texto íntegro de este reportaje en la edición de esta semana de la revista EL TRIANGLE

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El Tribunal de Cuentas, que es el principal organismo que controla las cuentas y la gestión del sector público en España, ha citado el próximo 29 de junio a una cuarentena de altos cargos de los gobiernos catalanes que presidieron Artur Mas y Carles Puigdemont, entre ellos ambos expedientes, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el propio Royo, para comunicarles el importe que calcula que se desvió a las embajadas catalanas y al Diplocat.

Royo, que fue destituido como secretario general del Diplocat cuando el gobierno español intervino el gobierno de la Generalitat por la vía del artículo 155 de la Constitución, ha hecho un llamamiento para recibir apoyo económico a través de una caja de solidaridad.

Una de las muestras de apoyo que ha recibido Royo en Twitter es la de la secretaria de Economía de la Generalitat, Natalia Mas Guix, que ha considerado que la reclamación de 4,5 millones como fianza pone de manifiesto una «brutal represión económica» por parte del Tribunal de Cuentas, al que describe como un «órgano terrorífico». «A tu lado, nadie puede quedar solo ni descubierto ante esta monstruosidad», ha agregado la secretaria de Economía.

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