El exsecretario general del Diplocat Albert Royo ha difundido en Twitter que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones de euros como fianza porque, según él mismo ha explicado, este órgano considera que la mitad del trabajo que realizó durante el periodo 2013-2017 en el consorcio público dedicado a la proyección exterior de Cataluña fue inconstitucional. También ha añadido que, de este modo, se enfrenta a un segundo caso penal, además del correspondiente a los gastos de la organización del 1-O.
El Tribunal de Cuentas, que es el principal organismo que controla las cuentas y la gestión del sector público en España, ha citado el próximo 29 de junio a una cuarentena de altos cargos de los gobiernos catalanes que presidieron Artur Mas y Carles Puigdemont, entre ellos ambos expedientes, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el propio Royo, para comunicarles el importe que calcula que se desvió a las embajadas catalanas y al Diplocat.
Royo, que fue destituido como secretario general del Diplocat cuando el gobierno español intervino el gobierno de la Generalitat por la vía del artículo 155 de la Constitución, ha hecho un llamamiento para recibir apoyo económico a través de una caja de solidaridad.
Una de las muestras de apoyo que ha recibido Royo en Twitter es la de la secretaria de Economía de la Generalitat, Natalia Mas Guix, que ha considerado que la reclamación de 4,5 millones como fianza pone de manifiesto una «brutal represión económica» por parte del Tribunal de Cuentas, al que describe como un «órgano terrorífico». «A tu lado, nadie puede quedar solo ni descubierto ante esta monstruosidad», ha agregado la secretaria de Economía.
