El tribunal no dice nada, pero el Departament estudia tomar medidas para, al menos, apartarle de las víctimas. Lo ha dicho la consellera de Educació, Anna Simó, que defiende que la administración tiene herramientas para actuar y que, aunque el proceso judicial todavía está abierto, sí se le pueden cambiar las tareas para alejarle del alumnado.

La Fiscalía pide dos años y siete meses de cárcel para el docente por haber realizado tocamientos a una alumna de 17 años en agosto del 2020. Cuando se hizo público el caso, otra antigua estudiante declaró haber pasado por una situación similar con el mismo profesor años atrás.

El profesor del instituto Màrius Torres de Lleida se encontró con una alumna en la calle y la invitó a su casa para regalarle unos libros. La chica acudió y cuando estaba sentada en el sofá, se quejó de una contractura en la espalda. El hombre entonces le hizo varios tocamientos que la dejaron «bloqueada».

La joven denunció el delito a la policía a los tres días y la familia de la víctima pidió que apartaran al profesor de las aulas de forma cautelar, pero Educació no lo hizo porque no había sentencia firme.

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La víctima, que aún no tenía 10 años en el momento de los hechos denunciados, atribuye las agresiones al «profesor Gómez», de quien dice que «no era religioso, era seglar». Lo ha descrito como «joven, tenía la cara redonda y una mancha, como un lunar, en la mejilla izquierda». «Estoy seguro de que nos daba clases de dibujo y creo que también impartía alguna otra materia», ha añadido, según recoge El Periódico.

En su relato, explica que recuerda cómo en clase de dibujo abusaba sexualmente de él y de otros compañeros. No obstante, su denuncia es la primera relativa a este caso, según datallan los Mossos, que aseguran que de momento no han recibido ninguna otra. Los hechos, eso sí, ya han prescrito.

El denunciante ha manifestado que trasladó la situación a sus padres, y que la madre decidió que el entonces niño se debía confesar a un cura. También ha asegurado que el profesor actuaba de forma totalmente impune en la escuela, que en aquella época formaba parte de los misioneros del Sagrado Corazón.

El hombre le pidió al menor que pidiera a la madre que le acompañara, una vez confesado, para poder hablar con ella, pero no lo hizo, según detalla el artículo y recoge la ACN. En vez de eso, presentaron una queja formal al centro, que optó por trasladar al profesor a otra escuela, mientras que los padres cambiaron al niño al centro Sant Ignasi de Sarrià, añade la misma información.

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Un grupo de catalanes vinculados al Senegal denunció la situación en 2005 y se trasladó el escolapio en Cataluña. Se le apartó de actividades con menores y se le puso bajo tratamiento psiquiátrico. Dentro de la orden continuó teniendo un papel activo como rector, secretario provincial y miembro del Consejo Presbiteral del Arzobispado de Barcelona. Al margen de informar a la Escola Pia, los denunciantes se dirigieron a otras autoridades y entidades de España y de Barcelona, pero no obtuvieron resultados.

La Escola Pia de Catalunya reconoce públicamente y «se responsabiliza de todo aquello que hizo mal en el pasado». Admite que el provincial tuvo conocimiento de los hechos en 2005, pero no se emprendieron las acciones correspondientes de denuncia ni por la vía civil ni eclesiástica. «Con el argumento de proteger a la institución no se atendieron a las personas que intentaron denunciar los hechos, no se hizo seguimiento de los hechos para acompañar las víctimas, no se pidió perdón», continúa la orden.

Después de trece años sin más noticias, en 2018 se reactivó el caso a raíz de la denuncia de una ciudadana francesa. La orden entonces pidió explicaciones a Sales, que reconoció los hechos y mencionó algunas de las personas que habían sufrido abusos. La orden se acercó a las víctimas para facilitar su apoyo. Se puso en contacto con autoridades de Senegal e informó las autoridades religiosas de Roma para iniciar el proceso canónico para expulsar el escolapio de la orden y del sacerdocio. La expulsión se hizo efectiva en marzo de 2019.

El febrero de 2023 se creó una comisión de defensa de los menores abusados sexualmente a la Iglesia en Senegal para recoger testigos y hacer públicos los abusos. Se trasladó el caso al Defensor del Pueblo. El hecho de que las víctimas fueran personas de Senegal favoreció la impunidad y el silencio alrededor de los abusos, puesto que difícilmente harían una denuncia pública porque la homosexualidad está penada con prisión.

Las Escuelas Pías asumen públicamente los hechos descritos, expresan su «absoluta indignación, rechazo y repulsa» y piden perdón por los males ocasionados por el escolapio y por los responsables de la orden que no denunciaron los abusos en Senegal y en Cataluña, expresando también su «vergüenza» por estos hechos. Ahora se han llevado los hechos a la fiscalía y nuevamente a las autoridades eclesiásticas. El nuevo provincial de la orden ha viajado a Senegal entre el 5 y el 16 de junio para intentar contactar con las víctimas y ponerse a su disposición.

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El Arzobispado de Tarragona ha insistido a la ACN que «ayuda» al cura titular y que en ningún caso se hace cargo de la parte «administrativa». La institución eclesiástica le impuso la prohibición del ejercicio público del ministerio presbiteral y de la docencia eclesiástica durante un año y quince años en los cuales no podía tener ninguna responsabilidad pastoral en una parroquia u organismo diocesano.

Según ha podido confirmar la ACN, después de haber sido apartado durante un año de la docencia eclesiástica y del ejercicio público del ministerio presbiteral, Fuentes imparte la asignatura ‘Historia de la Iglesia’ en el ISCR, la institución académica de la Archidiócesis de Tarragona. A pesar de esto, en la web del ISCR se afirma que el padre está «en excedencia».

El cura también hace misa en dos parroquias de Tarragona, a pesar de que «no tiene las funciones de un rector», ha insistido la archidiócesis. El comunicado emitido por el Arzobispado cuando se destaparon los casos aseguraba que «solo podrá ser nombrado adscrito a una parroquia, comunidad u organismo diocesano con la prohibición exprés de estar con menores de edad sin la presencia de un adulto».

Caso archivado

Además de estas sanciones, en septiembre de 2021, el Arzobispado apartó durante quince años al sacerdote por un caso de pederastia, prohibiéndole ejercer ninguna responsabilidad pastoral en una parroquia u organismo diocesano y llevó uno de los casos a Fiscalía. El Arzobispado ha asegurado a la ACN que se están siguiendo «punto por punto» las penas que se le impusieron. Fiscalía archivó el caso porque habría prescrito.

Los hechos se remontan al año 2000 cuando el sacerdote abusó de un chico de 18 años en una salida lúdica a Santes Creus (Tarragona). Mientras la Archidiócesis investigaba estos hechos, salió otro caso de un menor de edad que finalmente el Arzobispado llevó a Fiscalía y por el cual fue apartado de sus funciones.

Cuando fue relegado, Fuentes era responsable del archivo del Arzobispado de Tarragona, además de rector de la Selva del Camp, Almoster y l’Albiol. Anteriormente, se había hecho cargo de las parroquias de Valldossera, Querol y Esblada.

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La de Urgell forma parte de las 41 diócesis (de las 70 en total) que ni siquiera han respondido a las reclamaciones del ministerio público hechas el pasado mas de noviembre a través de las oficinas de atención a las víctimas que se los obligó a abrir el papa Francisco.

En concreto, la Fiscalía reclama a la Iglesia información sobre la pederastia clerical, y la Conferencia Episcopal Española (CEE) tira pilotas fuera, evitando enviar cualquier información relativa a casos prescritos o juzgados en el pasado.

Así se desprende de la comunicación que la Secretaría General de la CEE ha enviado a las diócesis frente a la petición formulada en noviembre por la Fiscalía General del Estado porque los remitieron «información sobre las denuncias o testimonios recaudados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa».

Solo cuatro diócesis españolas, la de Barbastro, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Vitoria han aportado datos significativos como por ejemplo nombres de las víctimas.

Hay que recordar que, hace un año, la acumulación de testimonios de víctimas elevó la presión institucional sobre el escándalo de la pederastia en la Iglesia. Entonces, la Fiscalía General del Estado ordenó a los diecisiete fiscales superiores que informaron de los procedimientos penales abiertos en ese momento referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en congregaciones, colegios o cualquier institución de la Iglesia en todo España.

El arzobispo Vives en el ojo del huracán
Investigaciones realizadas el año pasado por el diario El País sobre los acusados de encubrir casos de pederastia en la Iglesia española incluyen el copríncipe Vives. Los informes acusan a 39 prelados de encubrir casos de delito sexual desde 1952.

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El informe del bufete de abogados se ha centrado en estos meses a hablar con víctimas, lo cual se ha concretado en unas 120 entrevistas, de momento. Por otro lado, se han analizado los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo que ha pasado en los últimos 60 o 70 años. Como en el caso de Portugal, el límite de la investigación se coloca en torno a la década de los años cincuenta del siglo pasado.

El informe no se hará público la semana que viene, como estaba previsto, y se apunta que se librará entre los meses de mayo o junio, aunque lo más probable es que el informe final no se presente hasta pasado el verano. Las causas del retraso podrían ser la lentitud –y, en algunos casos, el «desprecio»– de algunos obispados a la hora de colaborar con la auditoría, así como las dificultades para acceder a datos reservados, tal como apuntan fuentes próximas al estudio. La auditoría apunta que la salida de Luis Argüello de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal no ha ayudado mucho a la aceleración de unos trabajos en los cuales se echa de menos una colaboración «intensa» del episcopado en pleno.

En este contexto, hay diferencias en la colaboración de las diócesis,  como por ejemplo mientras que la diócesis de Madrid este miércoles presentaba los datos del proyecto Repara, que atendió durante 2022 a 121 víctimas de abusos, la diócesis de Valladolid continúa asegurando no haber encontrado casos, a pesar de que, tal como apunta El Independente, el cardenal Ricardo Blázquez podía haber reubicado a un cura a sabiendas de que había mantenido comportamientos «reprobables» con una menor en su anterior destino.

Como también avanzó eldiario.es, se ha revelado la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia dentro de la Iglesia española. La investigación ha detectado «alrededor de una treintena» de documentos en los cuales se «renuncia a los tribunales» en casos de agresiones sexuales. Un caso sería la indemnización a la víctima del ‘caso Cociña’, que implicaba el sacerdote del Opus Dei Manuel Cociña Abeja, y en el cual se «compró» el silencio de una víctima por 17.000 euros. El acuerdo, implicaba la renuncia de la víctima «a cuántas acciones pudieran corresponderle» contra el cura, el Opus Dei o la Iglesia, y le prohibía pronunciarse sobre el pacto.

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En noviembre, la fiscalía inició una investigación por los abusos denunciados por la Paeria a raíz del documental. Se trataba de una decena de nuevos casos que habrían ocurrido durante el curso 2018-2019. Este nuevo caso también habría ocurrido durante este curso. El centro ha constituido una comisión de seguimiento que ha recogido toda la información al respecto.

En este nuevo caso habría implicado un exprofesor que ya fue denunciado en los primeros casos, pero ahora los hechos no habrían prescrito. Los primeros casos denunciados habrían tenido lugar entre 2001 y 2008. Eran «relevantes penalmente» pero cuando se destaparon los hechos habían prescrito y no se podían investigar.

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La plataforma la han presentado este jueves en Barcelona, ​​junto a un informe técnico-jurídico con las condiciones que consideran que debe cumplir esta comisión.

Forman parte entidades como la Fundación Vicki Bernadet y la Asociación Mans Petites, y particulares como Miguel Hurtado, Alejandro Palomas o Esther Pujol.

La motivación para crear la plataforma y hacer la propuesta es que no se fían nada de las comisiones que impulsan la Conferencia Episcopal Española, la CEE, y el Congreso junto con el defensor del pueblo.

Los impulsores de la plataforma remarcan que no sólo quieren que se investiguen todos los abusos, los conocidos y los que todavía no lo son, sino también el encubrimiento de los casos por parte de la institución religiosa.

En este sentido, proponen un modelo de comisión de la verdad basado en los que han organizado Reino Unido, Australia e Irlanda, que consideran que son las que mejor han funcionado. Este modelo contempla que la comisión la formen profesionales con experiencia de ámbitos como el derecho, el derecho canónico, la psicología y la sociología, escogidos con un proceso de selección internacional.

La comisión debería funcionar con audiencias públicas para investigar casos concretos, tanto abusos como encubrimiento de los abusos.

De todas formas, consideran que en Madrid su propuesta ahora mismo no tiene muchas posibilidades de prosperar, pero sí en Catalunya, por lo que tienen la intención de llevarla al Parlament.

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