La auditoría encargada hace ahora un año por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para intentar destapar los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia española apunta a unas 4.000 víctimas. Según publica eldiario.es, esta cifra es ocho veces más alta de la reconocida hasta ahora por la Conferencia Episcopal, presidida por el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y una cifra mucho más alta que la presentada por diferentes informaciones periodísticas.
El informe del bufete de abogados se ha centrado en estos meses a hablar con víctimas, lo cual se ha concretado en unas 120 entrevistas, de momento. Por otro lado, se han analizado los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo que ha pasado en los últimos 60 o 70 años. Como en el caso de Portugal, el límite de la investigación se coloca en torno a la década de los años cincuenta del siglo pasado.
El informe no se hará público la semana que viene, como estaba previsto, y se apunta que se librará entre los meses de mayo o junio, aunque lo más probable es que el informe final no se presente hasta pasado el verano. Las causas del retraso podrían ser la lentitud –y, en algunos casos, el «desprecio»– de algunos obispados a la hora de colaborar con la auditoría, así como las dificultades para acceder a datos reservados, tal como apuntan fuentes próximas al estudio. La auditoría apunta que la salida de Luis Argüello de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal no ha ayudado mucho a la aceleración de unos trabajos en los cuales se echa de menos una colaboración «intensa» del episcopado en pleno.
En este contexto, hay diferencias en la colaboración de las diócesis, como por ejemplo mientras que la diócesis de Madrid este miércoles presentaba los datos del proyecto Repara, que atendió durante 2022 a 121 víctimas de abusos, la diócesis de Valladolid continúa asegurando no haber encontrado casos, a pesar de que, tal como apunta El Independente, el cardenal Ricardo Blázquez podía haber reubicado a un cura a sabiendas de que había mantenido comportamientos «reprobables» con una menor en su anterior destino.
Como también avanzó eldiario.es, se ha revelado la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia dentro de la Iglesia española. La investigación ha detectado «alrededor de una treintena» de documentos en los cuales se «renuncia a los tribunales» en casos de agresiones sexuales. Un caso sería la indemnización a la víctima del ‘caso Cociña’, que implicaba el sacerdote del Opus Dei Manuel Cociña Abeja, y en el cual se «compró» el silencio de una víctima por 17.000 euros. El acuerdo, implicaba la renuncia de la víctima «a cuántas acciones pudieran corresponderle» contra el cura, el Opus Dei o la Iglesia, y le prohibía pronunciarse sobre el pacto.
