Jordi Pujol se hizo un hueco en la historia de Cataluña a raíz de su detención y condena por la protesta contra la dictadura franquista que se produjo el 19 de mayo del 1960 durante un concierto en el Palau de la Música, en homenaje al centenario del nacimiento del poeta Joan Maragall. Él no estaba, pero fue el organizador.
El nieto del poeta, Pasqual Maragall, denunció en el Parlamento, 45 años después de los hechos del Palau, que el partido de Jordi Pujol se financiaba a través de la corrupción. Y 60 años después, el Tribunal Supremo acaba de condenar a los máximos responsables del Palau de la Música y al ex tesorero de Convergència Democrática, Daniel Osàcar, por haberse puesto de a acuerdo para repartirse las comisiones corruptas que pagaba la empresa Ferrovial a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública por parte de las administraciones controladas por el partido pujolista.
El círculo se ha cerrado. El pujolismo, que nació en el Palau de la Música con la difusión de una octavilla escrita por Jordi Pujol y mecanografiada por su esposa, Marta Ferrusola, donde se denunciaba la corrupción del régimen franquista, ha quedado muerto y enterrado, precisamente, en el Palau de la Música por un asqueroso caso de corrupción protagonizado por los dirigentes del partido pujolista, destapado en el año 2009 con Artur Mas como máximo responsable político.
La sentencia del Tribunal Supremo certifica que la empresa madrileña Ferrovial, propiedad de la familia Del Pino, pagó durante años el 4% de comisiones por las obras que le otorgaban las administraciones convergentes, camufladas como “patrocinios” al Palau de la Música. De este 4%, el 2,5% acababa en la Fundación Catdem -dirigida por Agustí Colominas, que siempre se ha hecho el “loco” sobre este tema- y, finalmente, en las arcas de CDC.
La relación corrupta entre Ferrovial y el partido de Jordi Pujol viene de muy lejos, de mucho antes que Fèlix Millet fuera nombrado, en 1990, presidente del Palau de la Música. Las enormes deudas que dejó la fallida Operación Reformista, lanzada por Miquel Roca en 1986, las acabó enjugando Rafael del Pino. Y, en correspondencia, la Generalitat adjudicó a Ferrovial la autopista Terrassa-Manresa, que castiga a los automovilistas catalanes con unos peajes escandalosos.
Durante años, el representante de los intereses de Ferrovial en Cataluña fue Xavier Ribó, el hermano del Síndic de Greuges, Rafael Ribó. A su vez, Xavier Ribó está casado con Rosa Garicano, la hija de la ex gobernador franquista de Barcelona, Tomás Garicano Goñi, que fue la directora general del Palau de la Música y la mano derecha de Fèlix Millet durante los años del expolio perpetrado a la venerable institución musical. Ella cobraba el 1% de todos los patrocinios que conseguía. Curiosamente, ni Xavier Ribó ni Rosa Garicano, que son el nudo central de la trama del Palau, no han sido imputados ni condenados.
Todo el “núcleo duro” de Convergència Democrática –Jordi Pujol, Miquel Roca Junyent y Artur Mas- está involucrado en la burda maniobra de utilizar el Palau de la Música como tapadera para encubrir la financiación ilegal del partido y obtener dinero fuera de control para emprender “operaciones especiales”. Como, por ejemplo, el pago de las deudas del Partido por la Independencia (PI), una maniobra para debilitar a ERC encabezada por Àngel Colom y Pilar Rahola.
Por eso, aunque el drama colectivo de la Covid-19 la haya diluido informativamente, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Palau es de una gran relevancia histórica para la política catalana. Jordi Pujol y todo lo que él ha representado han sido condenados y expulsados por siempre jamás por haber sucumbido al pecado de la corrupción. Para acabar de redondear el cuadro de un tiempo, de un país, Fèlix Millet fue condecorado por el gobierno de Jordi Pujol con la Cruz de Sant Jordi en 1999.
