Esta oposición cuando, por ejemplo, viene del Partido Popular, mantiene una coherencia. Este partido entiende Catalunya como región de España, y a partir de esta definición doctrinal defiende para Catalunya una descentralización del Estado, de la única Nación que reconocen, que es la española. Yo no estoy de acuerdo. Pero tenemos que admitir que su paradigma ideológico les impide ver Catalunya de otra manera que no sea como una parte más, inseparable, de España, y por lo tanto su postura ante el proceso soberanista es perfectamente coherente con su paradigma de lo que es Catalunya y de cuál es la relación entre lo que ellos consideran el todo y una parte de este todo.

Ahora bien, que desde opinadores cercanos al Partido de los Socialistas de Catalunya busquen la forma de racionalizar una oposición en el proceso hacia el Estado propio sembrando el confusionismo desde medios afines al socialismo catalán, lo encuentro más bien desalentador, sobre todo si leemos la declaración doctrinal del PSC que define a Catalunya como Nación.

Tengo que manifestar, por lo pronto, mi respeto hacia cualquier opción política formulada y defendida pacíficamente. No quiero que se me malinterprete. Pero, desde el respeto, también hay que distinguir entre los coherentes y los perdidos en medio de un amasijo de intereses, medias mentiras y cocos varios que cubren los argumentos en favor de la creación de confusión.

A ver, miren ustedes. Yo entiendo Catalunya como una Nación, y no como parte de otra Nación. Por lo tanto, considero que el pueblo catalán tiene el derecho a decidir su futuro, en la forma que considere más adecuada y, si no hay otra alternativa, bajo cualquier forma democrática a la que se pueda acoger, tenga esta apoyo legal o no. Esta capacidad de decidir, esta soberanía, no quiere decir, necesariamente, optar por la secesión, por el pacto federal, por el mantenimiento de un sistema descentralizado o por una integración plena dentro de una estructura política superior. Decidir quiere decir, exactamente, eso: decidir. Y si desde nuestro paradigma político afirmamos que Catalunya es una Nación, tenemos que aceptar la capacidad de este sujeto político para decidir sobre sí mismo como un acto de su soberanía, propia e inalienable.

El problema recae en la incoherencia doctrinal. Si, repito, el PSC reconoce a Catalunya como una Nación, bien tiene que tener el derecho a decidir qué quiere hacer con su futuro, y de qué manera tiene que articular su relación con el resto de los pueblos y naciones del mundo. Si, de lo contrario, consideran que la única Nación es España, pues que expliquen a sus bases que sólo contemplan Catalunya como región española y que en este sentido modifiquen su declaración ideológica. Para no enredar todavía más la troca, vaya.

Tan respetable es una opción como la otra, pero hace falta que la ciudadanía sepa donde está cada cual. Más que nada porque quieran o no de aquí a cuatro días tendremos que votar.

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La actualidad española y catalana, en cambio, están poniendo en quiebra estos supuestos. Así, en buena medida, el público, por ejemplo los hospitales, pasan a manos privadas en nombre de una mayor eficiencia. Subvenciones que están destinadas a un equipamiento cultural nacional (el Palau de la Música, vaya) son gestionadas como sí de una finca privada se tratara, recibiendo y donando desde la posición del amo del chiringuito; el dinero invertido al salvar empresas privadas (bancos y cajas) permiten pagar sueldos de trescientos mil euros a quienes los gestiona, mientras se apropian del dinero de miles de pequeños ahorradores entrampados con las entidades financieras mediante el fraude de las participaciones preferentes.

Pero si todo esto no fuera suficientemente grave, que lo es y mucho, esta feudalización del estado, este pasar aquello público al sector privado, toma especial significación en la información que desde hace unos meses recibimos sobre los sueldos de la dirección del Partido Popular, e imagino que en otros partidos, espero que no todos, debe de ser parecido.

Parecería que aquello que es escandaloso sería el origen de los sueldos, sobresueldos, dietas y complementos varios. Esto es contingente. Finalmente un día u otro se averiguará el origen, alguien irá a prisión y será indultado a los cuatro días, triste, ciertamente, pero la cosa va así en la política española.

Lo que es realmente grave es el aspecto esencial del problema, la posibilidad de un partido político de establecer para sus dirigentes unos sueldos como si los recursos con los cuales hace estos pagos fueran propios. Y nada más lejos de la realidad.

Los recursos con los qué funcionan los partidos provienen, en un 85 o 90 por ciento, de las subvención del Estado, de los recursos que cada cual de los ciudadanos, también los catalanes mientras no construyamos el estado propio, aportamos a la caja pública. Igual que los hospitales construidos con nuestros impuestos son cedidos a manos privadas, también este bien, el dinero, es tomado por manos privadas que, como en el caso de los hospitales, no tienen que rendir cuentas del uso que hacen más allá de la laxa fiscalización del Tribunal de Cuentas. En el caso del Partido Popular lo que resulta más sangrante es escuchar las críticas al sobredimensionamiento del sector público, mientras sus dirigentes, presupuestariamente personal eventual del Estado, cobran salarios por encima del que percibe un ministro, un presidente del Gobierno o un presidente de la Generalitat. Y con diferencia.

Este partido, y repito, imagino que también otros, considera que esta caja pública no lo es tanto, de pública; una parte es suya, y sobre esta establece los límites del feudo que sólo él puede regir y distribuir entre los vasallos, otras veces llamados, militantes y amigos.

Este paso de lo público a lo privado, no es inevitable. Pero es responsabilidad del ciudadano, en primer lugar, no dejarse engatusar. Y en segundo, actuar, porque la dejadez por parte de la ciudadanía de su deber de participar en la cosa pública también tiene una parte de responsabilidad en la apropiación de aquello público por cuatro, los de siempre, grupos de poder.

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Ya sé que, evidentemente, cuando alguien del mundo musulmán habla de Occidente y de su crisis, difícilmente piensa en el Estado Español, y ya no digo nada de Catalunya. En el segundo caso, ya tendría suficiente con que nos situaran en el mapa. Aún así, y aunque hagamos análisis materialistas, hay que reconocer en sus palabras un punto de verdad aplicable a todo Occidente, ciertamente, pero especialmente al Estado Español.

Ustedes me dirán, y con razón, que la moral no da de comer. Vaya, que la carencia de moral sí, y más si eres habilidoso, te hace rico. Pero la moral no es, en ningún caso, una virtud que tengamos que ligar al concepto cristiano de la palabra. La moral es el fundamento, el cemento que permite vertebrar a una sociedad a partir de unos supuestos de justicia que todos, incluso los ladrones, para que nos entendamos, consideren indiscutibles.

La moral significa, pues, unos parámetros de comportamiento globalmente aceptables, y nos permiten acceder a una sociedad de derechos y deberes, resguardándose el lobo que todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro. Esta moralidad, no beatería repito, tiene que ser parte del talante exigible. Evidentemente, en varios grados que mantienen una relación directa a la posición jerárquica de cada individuo dentro de la estructura social. Vamos, que un albañil, con todos los respetos, vaya con camiseta impere y enseñe las nalgas al agacharse sería aceptable, pero no sé hasta qué punto lo sería si el protagonista de la escena fuera el presidente de la Generalitat, por poner un ejemplo de ir por casa.

Todo este largo preámbulo, por el que pido disculpas al lector, viene a cuenta del espectáculo de podredumbre moral y carencia del más elemental respeto a los ciudadanos al que nos están sometiendo nuestros gobernantes, muy especialmente el Gobierno Español y dirigentes del partido que lo soporta. No sólo reclaman a los ciudadanos una austeridad que no se aplican; chulean de sus contactos con la policía, presumen de fiscales de confianza, mienten día sí día también, insultan la inteligencia de los ciudadanos a los que toman por súbditos de capacidad mental limitada (idiotas, vaya), se niegan a dar explicaciones o las dan por televisión, reparten dinero en sobres, cobran tres y cuatro sueldos… por no hablar de una Hacienda que hace una declaración paralela a una persona a la que se le imputan trece fincas rústicas y urbanas que no ha declarado. Y podría seguir.

El ciudadano, en estas circunstancias, no puede seguir obligado por ninguna obligación. No tiene sentido pagar impuestos que otros, con mucha más capacidad económica, no pagan; resulta absurdo respetar la propiedad ajena cuando te han robado tus ahorros de una vida y la fiscalía anticorrupción dice que no hay delito; por qué respetar al otro ante los insultos y desconsideraciones de los gobernantes soportados día sí, día también.

El sistema político español está, pues, preso en una inmoralidad que lo deslegitima para imponer comportamientos éticos a la ciudadanía; la crisis económica un día u otro pasará, cómo ha pasado a lo largo del tiempo. Pero el pantano de mierda ya rebosa y más vale que pongamos remedio. Nosotros marchando para construir algo nuevo una vez seamos conscientes de lo que no queremos. Los españoles haciendo limpieza. Y a fondo.

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