Hay determinados espacios que forman parte de la posesión en común de todos los miembros de la sociedad. Los Estados velan, o tendrían que velar, porque los ciudadanos disfruten de determinados servicios gracias a la obtención por parte del Estado de unos recursos (contribuciones, impuestos, tributos, llámenlos cómo quieran) que aportan los ciudadanos y que también tienen que ser administrados de manera pública y en provecho de todos.
La actualidad española y catalana, en cambio, están poniendo en quiebra estos supuestos. Así, en buena medida, el público, por ejemplo los hospitales, pasan a manos privadas en nombre de una mayor eficiencia. Subvenciones que están destinadas a un equipamiento cultural nacional (el Palau de la Música, vaya) son gestionadas como sí de una finca privada se tratara, recibiendo y donando desde la posición del amo del chiringuito; el dinero invertido al salvar empresas privadas (bancos y cajas) permiten pagar sueldos de trescientos mil euros a quienes los gestiona, mientras se apropian del dinero de miles de pequeños ahorradores entrampados con las entidades financieras mediante el fraude de las participaciones preferentes.
Pero si todo esto no fuera suficientemente grave, que lo es y mucho, esta feudalización del estado, este pasar aquello público al sector privado, toma especial significación en la información que desde hace unos meses recibimos sobre los sueldos de la dirección del Partido Popular, e imagino que en otros partidos, espero que no todos, debe de ser parecido.
Parecería que aquello que es escandaloso sería el origen de los sueldos, sobresueldos, dietas y complementos varios. Esto es contingente. Finalmente un día u otro se averiguará el origen, alguien irá a prisión y será indultado a los cuatro días, triste, ciertamente, pero la cosa va así en la política española.
Lo que es realmente grave es el aspecto esencial del problema, la posibilidad de un partido político de establecer para sus dirigentes unos sueldos como si los recursos con los cuales hace estos pagos fueran propios. Y nada más lejos de la realidad.
Los recursos con los qué funcionan los partidos provienen, en un 85 o 90 por ciento, de las subvención del Estado, de los recursos que cada cual de los ciudadanos, también los catalanes mientras no construyamos el estado propio, aportamos a la caja pública. Igual que los hospitales construidos con nuestros impuestos son cedidos a manos privadas, también este bien, el dinero, es tomado por manos privadas que, como en el caso de los hospitales, no tienen que rendir cuentas del uso que hacen más allá de la laxa fiscalización del Tribunal de Cuentas. En el caso del Partido Popular lo que resulta más sangrante es escuchar las críticas al sobredimensionamiento del sector público, mientras sus dirigentes, presupuestariamente personal eventual del Estado, cobran salarios por encima del que percibe un ministro, un presidente del Gobierno o un presidente de la Generalitat. Y con diferencia.
Este partido, y repito, imagino que también otros, considera que esta caja pública no lo es tanto, de pública; una parte es suya, y sobre esta establece los límites del feudo que sólo él puede regir y distribuir entre los vasallos, otras veces llamados, militantes y amigos.
Este paso de lo público a lo privado, no es inevitable. Pero es responsabilidad del ciudadano, en primer lugar, no dejarse engatusar. Y en segundo, actuar, porque la dejadez por parte de la ciudadanía de su deber de participar en la cosa pública también tiene una parte de responsabilidad en la apropiación de aquello público por cuatro, los de siempre, grupos de poder.
