El público va a ver la película esperando que el director explique por qué se ha producido ese fenómeno; y sobre todo, quienes son los buenos y los malos, y si el presidente es una trasunto de Trump, o qué. Llevamos años programados por los medios de comunicación para ese tipo de preguntas, para que optemos por unos o por otros, y para que nos “aclaren”  toda esa sarta de guiones que consumimos y no entendemos, desde que fueron muriendo las grandes ideologías políticas de los últimos cien años.

Pero Garland no pretende eso; no desarrolla en la pantalla una plúmbea disertación sobre considerandos políticos, económicos y sociales que han llevado al horror. Nos lleva directamente a ver el horror. Ese es el asunto de la película: el espanto de una guerra civil, en la cual un tipo tortura salvajemente, durante días, a dos vecinos porque le caen mal. O un francotirador con las uñas pintadas y el pelo teñido de vivos colores, que no sabe por quién combate, ni a quien tiene en frente. Simplemente, el tirador enemigo quiere matarlo, pero él va a intentar liquidarlo primero. Ello en un entorno surrealista, entre restos ornamentales de la Navidad, en medio de un campo de exuberancia primaveral.

Eso es lo que pretende el director y guionista. Y vaya si lo consigue. La guerra civil es descontrol total, camiones llenos de cadáveres, asesinatos por capricho, teñidos de argumentos que ni siquiera se llegan a explicitar.

La narración se estructura en torno a un grupo de periodistas que viven, hasta el final, inmersos en su “tribu”, entre los rituales que han paseado por guerras y más guerras: cámaras de fotos analógicas, como las que usaban los grandes mitos históricos de la profesión. Poses y bromas típicas, la búsqueda maniática del scoop hasta el último minuto de la película, cuando los grandes rotativos se han desmoronado, junto con el sistema, y nadie atiende ya esas noticias.

Esos reporteros han cubierto otras guerras durante los últimos treinta y tantos años. Lo llevan en su memoria, como podemos verlo en los recuerdos que pasan por la cabeza de la veterana fotoperiodista Lee Smith. Pero también se percibe a lo largo de Civil War. Hay escenas que recuerdan a Bosnia, a Libia, a Somalia, a Ucrania, a Sudán, a Gaza. Todas ellas, espantosas guerras que hemos visto por la tele a lo largo de estos últimos años, que en la memoria parecen haber tenido lugar en un único país miserable, y que ahora aparecen en el pulcro paisaje primaveral del Este de los Estados Unidos, en esos mil y pico kilómetros que separan a  Nueva York de Washington, en los que la vida ordenada está patas arriba. Y no es que haya destrucción por doquier. Es que, de repente la vida no vale nada, las seguridades más elementales han desaparecido; y cualquiera con un arma puede hacer lo que le parezca, bajo el sol más brillante y entre las casas más acomodadas.

Eso es una guerra civil, en efecto.

Por lo demás, hay algunos detalles que afloran a lo largo del metraje y que ayudarán a responder a las preguntas que abrían esta reseña.

¿Representa el presidente de los Estados Unidos, protagonizado por Nick Offerman, a Donald Trump? Pues no necesariamente. Es cierto que el director se inspiró para rodar este film en el impacto que le provocó el asalto al Capitolio de ultras y milicianos favorables a Trump, el 6 de enero de 2021. En Civil War vemos a esos milicianos combatir y fusilar a prisioneros, vestidos con sus atuendos extravagantes que incluyen camisas floreadas, como las de los Boogaloo Boys quienes por cierto, existen y desean una guerra civil en los Estados Unidos. Pero esos combatientes son de extrema derecha, y en la película, parecen situarse en el bando de los secesionistas.

En realidad, los posicionamientos ultraderechistas atraviesan la película de bando a bando, puesto que el presidente ha utilizado la aviación para bombardear a la población civil, mientras que entre los rebeldes parecen menudear las milicias ultras. Ese detalle no hace sino revelar la polarización extrema que se vive en los Estados Unidos, hasta tal punto que según una encuesta llevada a cabo por  YouGov y The Economist en 2022 el 40% de los estadounidenses considera plausible una nueva guerra civil en la próxima década.

¿Por qué Texas y California encabezan la rebelión? Hay una repuesta sencilla para el primer caso: en los últimos meses, Texas se ha enfrentado con Washington para endurecer las medidas contra la inmigración ilegal a través de la frontera con México; y en ese pulso le han llegado a apoyar 25 estados de la Unión. Otra cosa es el papel de California, tradicionalmente muy opuesta en sus posiciones políticas y modos de vida con respecto a Texas. Según parece, la intención de Garland fue que, al unir estos dos estados, mostraba la unanimidad en la lucha contra un presidente abusivo que gobernaba a lo largo de tres mandatos y disolvía el FBI. Pero también es posible que jugara un poco al despiste, para evitar polémicas que no vienen al caso para el guion de Civil War -no es una guerra territorial, por ejemplo.

Queda otra posibilidad: Alex Garland es británico; durante la Guerra de Secesión (1861-65), Gran Bretaña apostó por el Sur, a pesar de ser esclavista. Ahora, un siglo y medio más tarde, el Sur gana, derrocando a un presidente abusivo en el Norte. Texas, más la alianza de Florida es, de hecho, el antiguo territorio de los confederados. Por lo tanto, incluir a California en el bando de los rebeldes ayuda a difuminar el polémico mapa.

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A esos conflictos se irán añadiendo otros, a no dudar, si las grandes potencias se empeñan en seguir prolongando el presente estado de huida hacia adelante. Es decir, si se continúa en el empeño de que se pueden solucionar aisladamente, como si no tuvieran que ver los unos con los otros. O como si se pudieran seguir sosteniendo dobles raseros descomunales, en la línea de que Putin es más malo que Netanyahu, por poner un ejemplo. Tal como están las cosas, se deben solucionar esos conflictos de una tacada. Cosa que, además, es teóricamente posible, porque tanto la guerra de Ucrania, como el conflicto entre israelíes y palestinos e incluso la situación en el Cáucaso, que puede volver a estallar en cualquier momento, se pueden solventar a partir de planteamientos federales.

¿Dónde han ido a parar Hillary Clinton o Joseph Nye, que no hace tanto pontificaban desde el Partido Demócrata sobre la aplicación del federalismo a la resolución de conflictos internacionales, urbi et orbi? Pues a estas alturas son las víctimas de la Guerra por la Globalización en curso. Que ya no es, como lo fue la Guerra Fría, un conflicto por ganar al mundo para unos ideales políticos y sociales, que ya fracasaron; esto es, el socialismo soviético en 1991 y el neoliberalismo globalizador, en 2008 y 2020.

Por lo tanto, los territorios, si son pobres o no tienen valor estratégico, pueden ser desechables; las poblaciones, si no aportan masa de consumidores o no son aprovechables como mano de obra (y la robotización las hace cada vez más prescindibles) también pueden ser marginadas o incluso exterminadas; los mercados pueden ser rentables o no. Pero ya no hay consideraciones ideológicas detrás de ello.

Pongamos la expansión económica y estratégica de la República Popular de China. No busca la conversión ideológica o el apoyo de aliados. Si son países amigos, mejor. Pero han de devolver los préstamos con los correspondientes intereses, o pagar las obras realizadas.

El resultado del eclipse de las grandes corrientes ideológicas ha supuesto la expansión de las políticas populistas por todas partes, a partir de la pertinente aplicación de dos parámetros: cocinar soluciones políticas improvisadas de un día para otro y mantener a la población en una perpetua tensión, pendiente de conflictos artificiosamente hinchados, de broncas políticas y dramáticas situaciones límite que duran un par de telediarios para ser sustituidas por otras. El resultado de todo ello a la vista está: una Europa llena a rebosar de líderes altamente mediocres, abundancia de oportunistas y ciudadanías cada vez más divididas.

Los orígenes de esta situación se sitúan en la pandemia de Covid-19, en la medida en que las autoridades sanitarias de los países más desarrollados se revelaron incapaces de prevenir la amenaza y evitar el encadenamiento de muertes masivas que llegaron a los 15 millones en todo el mundo. Fue una crisis tecnológica, que terminó de evidenciar el fracaso de la globalización neoliberal, ya anunciada en la gran recesión de 2008 y la crisis griega, de 2010 en adelante. Ante la debacle de 2020, la ley de la libre oferta y la demanda no llevó las vitales mascarillas a las farmacias; y la sanidad pública fue la que hubo de tomar las riendas de la situación, mientras se imponían políticas económicas estatalistas para gestionar la inusitada crisis que supuso el confinamiento.

A partir de ahí y por lógica, al menos en Europa, se tenía que haber regresado a las políticas sociales, más interesadas en la salud de sus ciudadanos que en la competencia comercial por vender marcas de vacunas carísimas. Pero, finalmente, la pandemia no revitalizó los decadentes estados del bienestar. Por el contrario, la huida hacia adelante llevó a que en un periodo de cuatro años se pasara con rapidez a un sistema en el cual la competitividad se ha sublimado en lenguaje militarista. La solución de los problemas internacionales a través de la diplomacia y el desarrollo sufrieron mutaciones malignas hacia el rearme, la histeria belicista y los hechos consumados. Los demagogos que se multiplican exponencialmente a cada día que pasa, no admiten errores. Porque tampoco se les ocurren soluciones.

Mientras los frentes de la guerra por la globalización se extienden como manchas de aceite, queda cada vez más claro que lo importante es el expansionismo y el control de territorios. Que la globalización, ¡ay, la globalización!, que nos iba a traer tantos bienes, aclamada como fuente de prosperidad, está mutilada, sino herida de muerte.

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Argumentos identitarios, actitudes populistas, posturas nazbol (nacional-bolcheviques): todo esto se puede desarrollar en un contexto parlamentario, haciendo profesión de fe democrática y libertad de expresión y recogiendo apoyos y votos de las habituales personas bienintencionadas. El llamado posfascismo encaja en este contexto. Es un término nuevo, que cumple ahora treinta años, ideado por el filósofo húngaro de Transilvania Gáspár Miklos Tamás y que él mismo define de la siguiente manera: "He acuñado el término posfascismo para describir un conjunto de políticas, prácticas, rutinas e ideologías que se pueden observar en todo el mundo contemporáneo. Sin recorrer nunca a un golpe de estado, estas prácticas amenazan nuestras comunidades. Encuentran fácilmente su espacio en el nuevo capitalismo global, sin alterar las formas políticas dominantes de la democracia electoral y el gobierno representativo. Excepto en la Europa Central, tienen poco o nada que ver con el legado del nazismo. No son totalitarios; o del todo revolucionarios; no se basan en movimientos de masas violentos o filosofías irracionalistas, voluntaristas. Tampoco están jugando, ni en broma, con el anticapitalismo. Tendría que definir a qué aludo con el término posfascista. Tomo el término fascismo para referirme a una ruptura con la tradición ilustrada de la ciudadanía como un derecho universal; es decir, con su asimilación de la condición cívica a la condición humana".

Veamos algunos ejemplos de prácticas posfascistas: por ejemplo, las bolsas de no ciudadanos en los Países Bálticos, y más especialmente en Letonia. Rusos, ucranianos, judíos desposeídos de toda una serie de derechos civiles ya desde la misma proclamación de la independencia en 1991: sin derecho a sufragio ni a ser elegidos en comicios generales o locales, vetados para ejercer una serie de profesiones y marcados por la posesión de un pasaporte específico para extranjeros. Una cosa similar, aunque no de forma tan aguda, sucedió en la vecina Estonia, país líder en el desarrollo de la revolución digital a escala de toda la UE, pero donde buena parte de los 325.000 ciudadanos de la minoría rusa (el 25% de la población) encabezan las listas de problemas de inadaptación. Incluso una parte de ellos sin posesión de pasaporte ni derechos de ciudadanía.

No son los únicos países admirados por sus tradiciones democráticas donde se han producido aparatosas prácticas posfascistas. Aquí tenemos la ley de esterilización eugenésica en el cantón suizo de Vaud, que estuvo en vigor entre 1928 y 1985, con castraciones forzadas aplicadas incluso a personas con trastornos mentales. Un caso más contundente fue, sin ningún tipo de duda, el de las leyes eugenésicas vigentes en Suecia entre 1935 y 1975 –aprobadas en el Parlamento– que se saldaron con 63.000 esterilizaciones y 4.500 lobotomías, muchas de ellas practicadas entre población gitana. El gobierno sueco acabó ofreciendo compensaciones; el suizo, no.

Estos ejemplos son palabras mayores. Hay otras muchas prácticas posfascista de menor rango que la administración o la política pueden imponer de forma igualmente cotidiana, a nuestro alrededor, incluso durante décadas. Pero lo más alarmante es la forma como todo esto se vuelve normal y pasa a ser asumido socialmente por aquellos a quien no perjudica basándose en justificaciones burdas, cogidas por los pelos o mediante simples consignas. Tampoco es nada extraño que estas prácticas sean escondidas bajo la alfombra con ayuda de los medios de comunicación, y que nadie vuelva a saber nada de ellas. ¿Quién se acuerda de los miles de serbios expulsados de Croacia durante la ofensiva del verano de 1995? Hoy este país forma parte de la Unión Europea, pero desde Bruselas nadie parece haberse dado cuenta que la región de la Krajina sigue vacía.

Y las políticas posfascistas no siempre se han colado por la puerta trasera. En Eslovenia resultó muy difícil restituir la nacionalidad a una parte de los borrados, es decir, ciudadanos eliminados como sujeto legal por el nuevo gobierno nacionalista surgido de la independencia en 1991. Y eso a pesar de que dos sentencias del propio Tribunal Constitucional esloveno y un informe del comisario de derechos humanos del Consejo de Europa daban la razón a los perjudicados. En abril de 2004 un referéndum convocado por el gobierno derechista de Janez Janša rechazó la iniciativa de restituir los derechos de los borrados. En aquella ocasión, en la que tan sólo participó el 31% el censo, el 94% de los votantes rechazó la propuesta de otorgar la nacionalidad a los últimos 3.800 afectados.

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