El término fascismo se utiliza hoy en día de una manera extremadamente reduccionista. O bien se recurre a él como evocador de los viejos partidos de hace casi cien años, con su uniformidad paramilitar o como simple insulto que añade algo más de contundencia al adjetivo carca. Sin embargo, en los últimos treinta años se ha diversificado notablemente este concepto. Y sobre todo se ha hecho muy cotidiano, muy habitual. Casi nunca atrae la atención de los medios de comunicación.
Argumentos identitarios, actitudes populistas, posturas nazbol (nacional-bolcheviques): todo esto se puede desarrollar en un contexto parlamentario, haciendo profesión de fe democrática y libertad de expresión y recogiendo apoyos y votos de las habituales personas bienintencionadas. El llamado posfascismo encaja en este contexto. Es un término nuevo, que cumple ahora treinta años, ideado por el filósofo húngaro de Transilvania Gáspár Miklos Tamás y que él mismo define de la siguiente manera: "He acuñado el término posfascismo para describir un conjunto de políticas, prácticas, rutinas e ideologías que se pueden observar en todo el mundo contemporáneo. Sin recorrer nunca a un golpe de estado, estas prácticas amenazan nuestras comunidades. Encuentran fácilmente su espacio en el nuevo capitalismo global, sin alterar las formas políticas dominantes de la democracia electoral y el gobierno representativo. Excepto en la Europa Central, tienen poco o nada que ver con el legado del nazismo. No son totalitarios; o del todo revolucionarios; no se basan en movimientos de masas violentos o filosofías irracionalistas, voluntaristas. Tampoco están jugando, ni en broma, con el anticapitalismo. Tendría que definir a qué aludo con el término posfascista. Tomo el término fascismo para referirme a una ruptura con la tradición ilustrada de la ciudadanía como un derecho universal; es decir, con su asimilación de la condición cívica a la condición humana".
Veamos algunos ejemplos de prácticas posfascistas: por ejemplo, las bolsas de no ciudadanos en los Países Bálticos, y más especialmente en Letonia. Rusos, ucranianos, judíos desposeídos de toda una serie de derechos civiles ya desde la misma proclamación de la independencia en 1991: sin derecho a sufragio ni a ser elegidos en comicios generales o locales, vetados para ejercer una serie de profesiones y marcados por la posesión de un pasaporte específico para extranjeros. Una cosa similar, aunque no de forma tan aguda, sucedió en la vecina Estonia, país líder en el desarrollo de la revolución digital a escala de toda la UE, pero donde buena parte de los 325.000 ciudadanos de la minoría rusa (el 25% de la población) encabezan las listas de problemas de inadaptación. Incluso una parte de ellos sin posesión de pasaporte ni derechos de ciudadanía.
No son los únicos países admirados por sus tradiciones democráticas donde se han producido aparatosas prácticas posfascistas. Aquí tenemos la ley de esterilización eugenésica en el cantón suizo de Vaud, que estuvo en vigor entre 1928 y 1985, con castraciones forzadas aplicadas incluso a personas con trastornos mentales. Un caso más contundente fue, sin ningún tipo de duda, el de las leyes eugenésicas vigentes en Suecia entre 1935 y 1975 –aprobadas en el Parlamento– que se saldaron con 63.000 esterilizaciones y 4.500 lobotomías, muchas de ellas practicadas entre población gitana. El gobierno sueco acabó ofreciendo compensaciones; el suizo, no.
Estos ejemplos son palabras mayores. Hay otras muchas prácticas posfascista de menor rango que la administración o la política pueden imponer de forma igualmente cotidiana, a nuestro alrededor, incluso durante décadas. Pero lo más alarmante es la forma como todo esto se vuelve normal y pasa a ser asumido socialmente por aquellos a quien no perjudica basándose en justificaciones burdas, cogidas por los pelos o mediante simples consignas. Tampoco es nada extraño que estas prácticas sean escondidas bajo la alfombra con ayuda de los medios de comunicación, y que nadie vuelva a saber nada de ellas. ¿Quién se acuerda de los miles de serbios expulsados de Croacia durante la ofensiva del verano de 1995? Hoy este país forma parte de la Unión Europea, pero desde Bruselas nadie parece haberse dado cuenta que la región de la Krajina sigue vacía.
Y las políticas posfascistas no siempre se han colado por la puerta trasera. En Eslovenia resultó muy difícil restituir la nacionalidad a una parte de los borrados, es decir, ciudadanos eliminados como sujeto legal por el nuevo gobierno nacionalista surgido de la independencia en 1991. Y eso a pesar de que dos sentencias del propio Tribunal Constitucional esloveno y un informe del comisario de derechos humanos del Consejo de Europa daban la razón a los perjudicados. En abril de 2004 un referéndum convocado por el gobierno derechista de Janez Janša rechazó la iniciativa de restituir los derechos de los borrados. En aquella ocasión, en la que tan sólo participó el 31% el censo, el 94% de los votantes rechazó la propuesta de otorgar la nacionalidad a los últimos 3.800 afectados.
