Cinco discotecas del Front Marítim se salvan de la subasta de inmuebles del Ministerio de Hacienda y prorrogan su contrato de alquiler durante cinco años más. Una jarra de agua fría para los vecinos de la zona que ven como continúa el modelo de ocio de concentración contra el que han estado luchando. Según explica el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Jordi Giró, "nos están levantando la camisa, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Gobierno del Estado. Han apostado por un modelo de ocio de concentración que hace la vida imposible a los vecinos de la Barceloneta. Estamos muy enfadados por qué el Ayuntamiento no ha sido capaz de mirar por los vecinos y sólo han especulado sobre los terrenos".

Los terrenos del Front Marítim son portuarios y propiedad del Gobierno del Estado. Desde hace años el Ayuntamiento mantiene una disputa para poder cambiar los usos de la zona y acabar con el ocio nocturno. Lo que para el consistorio es una buena noticia, a pesar de las cinco discotecas que quedan al margen, para los vecinos continúa siendo una pesadilla y amenazan con acciones judiciales.

"Hemos intentado reunirnos con el Ministerio de Hacienda muchas veces, pero sin éxito. Por otro lado, al Ayuntamiento les han colado los cinco locales que más problemas dan. Llegaremos donde haga falta para sacar las discotecas del frente", explica Giró.

Según ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Hacienda saca a subasta pública 26 locales comerciales del Front Marítim, entre ellos una gasolinera, el Casino de Barcelona, restaurantes y la discoteca Pachá. El lote pero deja fuera las discotecas Shoko, Carpe Diem -estas dos con entrada también por la playa del Somorrostro- Aqua, Ice Bar y Opium, que han conseguido una moratoria de cinco años más de alquiler.

La decisión del Gobierno español llega cuando los Comunes de Ada Colau tienen sobre la mesa el futuro del ocio nocturno a la ciudad, especialmente en la zona del litoral, y todavía está pendiente la remodelación del Puerto Olímpico. Lo que fue una de las prometidas estrella de Colau, de convertir la zona en un espacio abierto a los ciudadanos, a la economía azul y a los deportes náuticos, se está topando con muchos inconvenientes. Aún así el consistorio se muestra satisfecho con el acuerdo llegado con el gobierno español, aunque las discotecas continúen funcionando.

Los que no están satisfechos son los vecinos, hartos de las discotecas y de todos los problemas que comportan. "Hace veintidós años que sufrimos esto, un guirigay de after hours, discotecas y restaurantes", explica Giro. "El Ayuntamiento sabe perfectamente que las concentraciones de ocio crean conflicto, dentro y fuera. Robos, violencia, prostitución y peleas son el pan de cada día", añade. La oportunidad de acabar con el ocio nocturno se ha escapado y ahora tendrán que esperar cinco años más para conseguirlo. Giró asegura que seguirán batallando: "El Estado nos llegó a decir que no sabía que aquí había vecinos, por qué ellos trabajan sobre planos, pero el tema del litoral es una cosa sagrada que se han ventilado por muchos millones, de espaldas a la gente... pero nos encontrarán de frente".