El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) contra Desokupa, una empresa formada por paramilitares y miembros afines a la extrema derecha, especializada en el desalojo de pisos y viviendas ocupadas ilegalmente. Un desahucio ilegal que hizo la empresa en un inmueble del barrio de Gràcia en abril del 2016, llamado Can Dimoni, ha sido el factor detonante para empezar la investigación. Esta querella es la primera que se ha admitido a trámite contra Desokupa.
Irene Escorihuela, directora de DESC, ha comunicado que acusan a la empresa de «allanamiento de morada, amenazas, coacciones y organización criminal» y ha afirmado que el mismo observatorio se presentará como acusación particular. En este sentido, la juez ha pedido a la entidad que aporte 10.000 euros durante próximos diez días, si quiere seguir en la causa como acusación popular. El observatorio solicitará a los agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana que estuvieron presentes en el desalojo del inmueble, que vayan a declarar como testigos.
Ahora, la magistrada tomará declaración al gerente de Desokupa, Daniel Esteve Martínez, y a dos trabajadores más, Ernesto Navas y Zhivko Palacín, por haber intimidado y amenazado a los inquilinos con echarlos destrozándoles la casa. Hasta ahora, se estima que habrían participado en una treintena de desahucios ilegales en Cataluña. Por otro lado, la juez también investigará al propietario de la inmobiliaria Norvet SL, Alon Younger, que contrató a la empresa de desalojos extrajudiciales para echar a la fuerza a los anteriores residentes.
Hasta ahora, Desokupa siempre ha defendido que sus actuaciones están amparadas por la ley. De hecho, en su página web indican que su actuación está «basada en la intermediación rápida y amistosa con los ocupantes del piso apropiado» y que «siempre actúan asesorados legalmente por su equipo jurídico».
