El 2 de julio del 1969, hace ahora 50 años, se inauguró la autopista A-19, entre Barcelona y Mataró. Fue la primera vía de peaje del Estado español y, según el acuerdo concesional, tenía que ser de titularidad pública y gratuita al cabo de 35 años, el 2004.
Pero la prolongación de esta autopista hasta Palafolls significó que se ampliara la vigencia del peaje de Mataró hasta el 2016. Con posterioridad, la Generalitat, que es la responsable de esta autopista -rebautizada como C-32 Norte- volvió a alargar la concesión, que se acabará, oficialmente, el 31 de agosto del año 2021.
El pasado otoño, el empresario Florentino Pérez (grupo ACS) y el grupo italiano Atlantia (familia Benetton) compraron la concesionaria española Abertis, titular, entre otras, de la explotación de la C-32 Norte, que gestiona a través de su filial Invicat. En la actualidad, Invicat ha iniciado los trabajos de construcción de la autovía gratuita entre Palafolls y Lloret de Mar, que han sido adjudicados a la empresa Dragados, filial de ACS.
El contrato firmado en 2013 entre el entonces consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, con la empresa Invicat abrió la puerta a una nueva prolongación de los peajes de la C-32. Para la comarca del Maresme es un agravio histórico que esta autopista pueda continuar siendo de pago más allá del 31 de agosto del 2021 y se anuncia un fuerte conflicto territorial y social si la Generalitat actúa a favor de los intereses de Florentino Pérez y la familia Benetton.
En todo caso, los 50 años que acaba de cumplir el peaje de Mataró son una vergüenza que denota las inconfesables complicidades entre determinados políticos y las empresas concesionarias. Este peaje está sobradamente amortizado y no tiene ninguna razón de existir.
