La portavoz de JxCat en la segunda sesión de investidura fallida de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, Gemma Geis, recuperó el argumento de que una prestación universal sería demasiado cara para la capacidad financiera del gobierno catalán. Este argumento es uno de los que usó el economista Oriol Amat, cuando era diputado de Junts pel Sí, en representación del mundo convergente, para oponerse a la Renta Garantizada de Ciudadanía. En unas intervenciones que indignaron a los promotores de la iniciativa legislativa popular que llevó al Parlament esta reivindicación, Amat llegó a decir que la gente no querría trabajar si recibía una prestación de estas características y optaría por la holgazanería.
La Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) entró en vigor en setiembre de 2017 y se aprobó con el voto unánime de todos los diputados y diputadas del Parlament y la gestiona el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que dirige Chakir El Homrani ( ERC). Amat afirmó en la comisión parlamentaria que estudiaba esta prestación que costaría 7.000 millones de euros al año y que eso no era asumible por el gobierno de la Generalitat. Geis citó este martes un cálculo hecho por el economista Germà Bel, también exdiputado de Junts pel Sí, que cifra en 4.200 millones el coste de la Renta Básica Universal incluida en el acuerdo de gobierno entre ERC y la CUP. «Nos preocupa el impacto presupuestario de este acuerdo», dijo la portavoz de JxCat, que añadió, dirigiéndose a los parlamentarios republicanos, que «nos sentimos lejos de este proyecto de país que han pactado con la CUP”.
La RGC no sólo no ha costado los 7.000 millones que vaticinaba Oriol Amat sino que tampoco llega a gran parte de la población que confiaba en beneficiarse de ella. Las 150.228 personas que reciben prestaciones vinculadas a esta renta se repartieron 41,5 millones de euros, 170 veces menos que lo que profetizó Amat.
La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía lamenta, en su último comunicado, que su implementación «sigue siendo muy deficitaria, siguen produciéndose muchas denegaciones injustas, no se han revisado las denegaciones anteriores, y, como consecuencia, la tasa de cobertura de la población con privación material severa con los datos estadísticos de 2019 es el 34,8%, y respecto a la población en riesgo de pobreza es el 10,1%». La pandemia de la covid ha hecho que estos porcentajes de población en situación de privación material severa y riesgo de pobreza hayan aumentado mucho por lo que la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía aún será inferior.
