En España hay unos 1.000 concursos de personas físicas cada año. Este procedimiento judicial, conocido como ley de segunda oportunidad, existe en otros muchos países europeos, donde se utiliza mucho más a menudo. Por ejemplo, en Alemania y en Francia se presentan cada año más de 100.000 concursos de personas físicas. ¿Es que quizás los alemanes y los franceses son más pobres? No.
El motivo es que en España el fracaso todavía está de mal ver socialmente. Y justamente esto es lo que hay que cambiar. Nuestro tejido empresarial está compuesto en un 99,88% por pymes. Las pymes dan trabajo a 7,8 millones de personas, mientras que los autónomos son unos 2 millones. Y las pymes y los autónomos son los más vulnerables del sistema.
En una economía donde el plazo medio de pago es superior a 80 días, cualquier impago te puede llevar a una situación de falta de liquidez. Este mismo plazo de pago superior a 80 días te puede llevar a la situación paradójica que cuanto más vendes peor estás si no encuentras alguien que te financie el crecimiento. Otro dato que me parece muy interesante es el margen «EBIT» de las empresas de la Europa Occidental, que en el 2014 fue el siguiente: un 25,3% operan con un margen negativo y un 29,3% con un margen inferior al 5%. Si sumamos los dos datos, llegamos a la conclusión que el 55% de las empresas operan con unos márgenes negativos o inferiores al 5%.
Si esto lo aplicamos a nuestras empresas, se entiende fácilmente que cada año se declaren 170.000 empresas en concurso en Europa. Este dato podría ser de pura estadística, pero si miramos las consecuencias que esto tiene para las personas, nos damos cuenta que es un problema mucho más grande. No es que el pequeño empresario o autónomo pierda la casa o los ahorros, sino que en muchos casos también los pierden quienes les avalaron, como los familiares. Las consecuencias son dramas familiares y muchas veces una vida sin futuro.
Pero dado que nuestras empresas son mayoritariamente pymes y que estas pymes reúnen el 70% de los trabajadores, tenemos que ofrecer una solución fácil y socialmente aceptada para estos empresarios, autónomos y personas físicas. La alternativa que operen desde la economía sumergida hace que no contribuyan a las arcas del sistema y en el fondo se han convertido en esclavos de la deuda como la antigua Babilonia. El derecho de concursar, de volver a empezar, es un derecho humano, y no solo un derecho para las grandes multinacionales de ser rescatadas con el dinero de las arcas públicas.
España necesita los autónomos y las pymes. Necesitamos emprendedores, y no especuladores. Hace falta una nueva oportunidad con la liberación de la deuda. Porque si no es así, ¿quien asumirá riesgos y quienes pagarán nuestras jubilaciones? Según nos advertían desde Davos, estamos viviendo actualmente la cuarta revolución industrial. Y esta revolución incrementará sustancialmente la población pasiva inscrita al paro. La creatividad nos llevará a la gran disociación, es decir, los beneficios de las empresas de nuevas tecnologías no irán acompañados de un crecimiento de la ocupación equivalente.
Para hacernos una idea veamos un ejemplo práctico: El Corte Inglés tiene 93.000 trabajadores, el mismo número de empleados que Apple. La gran diferencia es que Apple factura por empleado 1,66 millones, y El Corte Inglés 0,15 millones. Si a esto añadimos que El Corte Inglés tributa en España y Apple en Irlanda, donde solo paga 50€ por millón en concepto fiscal de beneficios, nos damos cuenta fácilmente que el modelo de negocio del Corte Inglés es menos beneficioso que el de Apple.
Hace falta un nuevo enfoque social dirigido a las pymes. En general es importante tener en cuenta que nuestro sistema del bienestar está sometido a grandes cambios. Justo por eso hace falta que los valientes emprendedores, las personas que quieren mover cosas, también tengan el derecho de equivocarse y solucionar su error para que pase a formar parte de su experiencia profesional y sepan que es lo que no tienen que hacer teniendo en cuenta la mala experiencia vivida.
Por lo tanto, el concurso de acreedores no tendría que ser el final de una aventura empresarial. El empresario tiene que tener la posibilidad de volver a empezar, porque si no, se convertirá en parte de esta economía sumergida, invisible y oscura, a la cual tendría que aferrarse para sobrevivir, y de la cual la sociedad no obtendría ningún provecho, ni siquiera mínimo, a nivel tributario. No puede ser que la sociedad no evolucione y continuamos teniendo la esclavitud de la deuda como la antigua Babilonia, donde quien no podía pagar sus deudas se convertía en un esclavo de su acreedor. Necesitamos segundas oportunidades para que los deudores puedan volver a formar parte de la sociedad.
La alternativa no es, de ninguna forma, que estos empresarios se escondan en la economía sumergida sin contribuir ni a hacienda ni a la seguridad social. No podemos permitir que esto pase, basta con la carga que nos dejan las grandes multinacionales gracias a sus planificaciones fiscales. En nuestro país nos gusta aquello de árbol a tierra, todo el mundo le hace guerra, como dice el dicho.
Un pequeño empresario o emprendedor que, ya sea por sus errores o de manera fortuita, se verá señalado y con mil dificultades para retomar su actividad, si lo consigue con suerte y apoyo. Pero siempre habrá alguien que, en pequeño comité, recordará que «ya se arruinó una vez » y lo tildará de «poco fiable«. En cambio, la mentalidad emprendedora anglosajona es totalmente a la inversa. Son admiradas las personas que han sido capaces de renacer de sus fracasos y han vuelto a emprender con éxito. Quizás no sería un mal ejercicio valorar el esfuerzo y la capacidad de resurgir después de una catástrofe empresarial.
