Hace unos meses, los partidarios de la independencia de Catalunya reprochaban a los que no lo son que pusieran obstáculos a la celebración de un referéndum sobre esta opción. Era el famoso «derecho a decidir», que duró lo que duró y que, ahora, ya es historia.
El «derecho a decidir» ha sido superado, en el «proceso», por el «derecho a la independencia». Este segundo derecho ha pasado por encima del primero en la nueva «hoja de ruta» pactada por CDC, ERC, Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la Associació de Municipis por la Independència (AMI).
Los papeles se han intercambiado. Los independentistas acusaban de no ser demócratas a los que ponían palos a las ruedas de la convocatoria de una consulta sobre la separación entre Catalunya y España. Tras el mencionado acuerdo, y con un silencio insólito por parte del montón de opinadores de que dispone el país, esta consulta ya no es necesaria.
Y ahora son los contrarios a la independencia los que acusan de anti-demócratas a los que apuestan por la nueva vía: elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre y, si suman más diputados los partidos que lleven la independencia en sus programas, elaboración de una nueva Constitución catalana que la dé por hecha. Esta Constitución se sometería a referéndum 18 meses después de las elecciones y si gana el SI se considerará que Catalunya ya se puede declarar país independiente. ¿A la ciudadanía no se le preguntará si es partidaria de la independencia o de otras formas de relación con España? Pues, no.
Desde 1846, una cincuentena de países ha celebrado referéndums de independencia, desde Liberia hasta Sudán del Sur, pasando por Montenegro o Quebec. A los ciudadanos catalanes no se les ofrecerá esta posibilidad. Catalonia is different. Pero lecciones de democracia podremos dar pocas si se mantiene la última versión de esta fluctuante «hoja de ruta» hacia la independencia.
