La asamblea del 17 de octubre próximo empieza a dejar ver esas costuras débiles, tensas, que podrían reventar en cualquier momento porque las novedades, la documentación y la información va llegando con cuentagotas en un ejercicio coherente con la inercia de poca transparencia y manipulación de la información de la actual junta. Ahora mismo, lo que está en el aire es la cuestión capital de la aprobación de la liquidación del ejercicio 2020-21, en principio desdoblada en dos, tal y como el aparato de comunicación ha ido filtrando, no sólo como una decisión racional y amparada en sus fuentes jurídicas sino con la presunción añadida de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) le había aceptado esa doble contabilidad.
Como ya hemos explicado, Laporta intenta que los socios le aprueben una liquidación parcial del 1 de julio del 2020 al 17 de marzo del 2021 con 481 millones de euros de pérdidas y otra desde su toma de posesión hasta el 30 de junio, con un ligero superávit. En realidad, sin embargo, afirmar como se ha insinuado que la LFP le había aceptado ese invento no es del todo cierto.
Lo que ha hecho Javier Tebas ha sido realizar una serie de preguntas sobre las intenciones del Barça, analizar esas cuentas y parece que, finalmente, no está demasiado dispuesto a dar por válida más que una liquidación, aquella que lleve por fecha el 30 de junio de 2021 y, como obliga y se entiende la contabilidad normativa, comprenda la totalidad de los resultados económicos anuales.
No existe, en principio, ninguna otra opción para la LFP, excepto la división derivada de la aplicación del decreto del Gobierno que, a efectos de aval y de responsabilidad, considera exentas las pérdidas razonables y justificadamente atribuibles al impacto directo de la covid. A saber, la afectación por el cierre de los estadios -abonos y entradas- y parte las actividades comerciales como las ventas en tiendas de productos tipo camisetas.
La LFP puede que no quiera jugar a ese laberinto contable que pretende el equipo económico de Laporta, que además ha incluido en esas pérdidas 138 millones por ‘devaluación’ de la plantilla, concepto dudoso y con jurisprudencia contraria a esta práctica, y provisiones por 90 millones difíciles de justificar.
Paradójicamente, además, Laporta se mueve en una alocada controversia pues por un lado desea cargar a Josep Maria Bartomeu esos 481 millones, pero reducir al mínimo las que pueden considerarse consecuencia de la covid.
De ahí que, en previsión de que falle la aprobación de la LFP, quiere tener el colchón de la suspensión del artículo 67 de los estatutos del FC Barcelona sobre el equilibrio económico que obliga a una junta con pérdidas a presentar un plan de recuperación a dos años vista y a cumplir una ratio de deuda neta no superior a dos veces el ebitda.
Esa solución, discutible jurídicamente según algunos expertos, no solucionaría, en cambio, el verdadero problema de cargar con las pérdidas totales -como prevé la ley y los estatutos- que, inevitablemente, menos la parte afectada por la covid, tendría el efecto directo del aumento del aval.
Laporta podría encontrarse, pues, ante la tesitura de hacer frente a un aval de 300 millones o más si se obstina en no usar el comodín de la pandemia. Si ese indicador se dispara de un modo u otro, aunque el decreto covid elimine la responsabilidad, no solventa la previsión del artículo 67 de recuperar las pérdidas en dos años.
De ahí la suspensión planteada, efectiva si la aprueba la asamblea siempre y cuando la dimensión del aval pueda ser digerida. Quizás por ese motivo también propone la junta de Laporta una ampliación a 25 directivos, por si hace falta que entren nuevos y poderosos avalistas que, como se ha visto, son también un problema para los desmanes económicos de un presidente que ya debió renunciar a su delirante renovación de Leo Messi.
Un panorama que no se despejará del todo hasta que la LFP haga público, o bien de forma privada, el informe a la junta de Joan Laporta sobre esa jugada de ruleta de aprobar dos liquidaciones en una, acompañada de un evidente propósito de hacer recaer en la anterior junta de Bartomeu un déficit histórico, inflado y en parte artificial con el ardid añadido de no querer admitir como causa de covid buena parte de las cifras por la incuestionable caída de ingresos.
La obsesión de Laporta entraña riesgos de forma y legales que ya empiezan a analizarse y a poner en duda en los círculos del poder y de los entornos especializados.
En general, sin embargo, los propios foros laportistas esperaban más propuestas de progreso, transparencia y democracia en la reforma de unos estatutos que, junto con el exterminio de las ‘penyes’, se centran en escabullirse de las responsabilidades y controles estatutarios.
Aunque se da por justificado y por comprendido que la junta quiera moderar unas exigencias ideadas para un estado de normalidad, los propios socios entienden que simplemente anular esos controles son un cheque en blanco demasiado arriesgado, que debería ir acompañado de un plan de negocio y de adecuación del límite de endeudamiento coherente y razonable.
Laporta no está para asumir compromisos, le molestan los controles y los elimina, como se saltó el Código Ético. No quiere saber nada de ratios de deuda ni de un plan de recuperación económica. De hecho, ha propuesto también la creación de una Comisión de Control y Trasparencia, que ya existe, dotándola de herramientas para actuar, sin dejar de ser un órgano consultivo. Otra demostración del sinsentido que rodea las actuaciones de esta junta directiva.
Por ejemplo, ahora mismo la junta no sabe, o no quiere admitir que ya lo tiene decidido, si se votarán uno a uno los textos de la reforma de los estatutos o se someterán a la votación en bloque. Está claro que lo plantearán como una sola votación. Es la forma de no correr riesgos y de limitar la participación democrática de los socios.
