El Consorcio de La Mina ha ejecutado cuatro desalojos más en los Bloques de la Rambla, después de los tres que se hicieron el pasado jueves. De ellos, sin embargo, ya hay dos que vuelven a estar ocupados: uno de ellos se ocupó el mismo jueves y el otro el sábado, pese a la presencia de dispositivos policiales en el barrio para evitarlo.
En declaraciones a la ACN, los vecinos han explicado que la «desesperación» les lleva a actuar así y alertan de que harán lo mismo con los nuevos desalojos porque no tienen dónde ir. Estas primeras actuaciones se concentran en el número 58 de la Rambla de la Mina, y afectan a familias con menores a cargo. Después de que el jueves la operación se produjera en un ambiente de enfrentamientos, este lunes la situación ha sido menos tensa.
Samira, una de las vecinas que ha vuelto a ocupar el piso donde vivía del que la desalojaron el pasado jueves, tiene claro que esta es la única alternativa que les queda para poder tener un techo: «Vamos a por todas. Cada día que hagan esto, al día siguiente volveremos a abrir los pisos». Antonio, por su parte, es uno de los vecinos que ha dejado la casa que ha ocupado en los últimos años este mismo lunes, y explica que justo el viernes le reconocieron la situación de vulnerabilidad, pero que no ha habido tiempo para negociar un aplazamiento.
Vecinos de La Mina se han concentrado ante el Ayuntamiento de Sant Adrià para expresar su indignación
Las trabas burocráticas, explican los vecinos, hacen que la «tensión» crezca en el barrio, aunque muchos ya han asumido que se ha iniciado un bucle de desalojos y nuevas ocupaciones que no ve su final a corto plazo. Mientras tanto, dicen, intentarán «dialogar» con las administraciones para que escuchen sus peticiones. Tras consumarse los desalojos de este jueves, un grupo de vecinos de La Mina han trasladado su indignación hasta las puertas del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, señalando a la alcaldesa, Filo Cañete, como responsable de su situación.
Desde el Sindicato de la Vivienda entienden que la «frustración» lleva a los vecinos a «luchar» por la que consideran su casa, pese a ser conscientes de que incurren en un delito. En este sentido, el colectivo ha vuelto a criticar la «militarización» del barrio. La portavoz del sindicato Marta López lamenta que se esté dando una «solución policial a un problema social» y alerta de las consecuencias de orden público que esto puede acarrear en un barrio como La Mina, ya con problemas estructurales de este tipo.
Aparte de los cuatro pisos de este lunes y de los tres del jueves pasado, están previstos más desalojos el 25 y 29 de junio, y el 3 y 13 de julio. En la finca situada en el número 58 de la rambla de La Mina están ocupados 14 de los 16 pisos existentes. Los dos que no lo están son de propietarios que llegaron en 2010 procedentes del bloque Venus.
Los lanzamientos pretenden recuperar unos pisos públicos ocupados desde 2017 que el Consorcio de La Mina quiere destinar al realojamiento de los vecinos del bloque Venus, pendiente de derribo en 2028. Desde el inicio del conflicto, el Consorcio de La Mina ha asegurado que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables a las que poder ofrecer una alternativa: «No son casos en seguimiento». Los que sí lo sean, se ha insistido, recibirán la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.
