El gobierno español ha modificado el decreto de regularización extraordinaria de migrantes para adaptarlo a las exigencias del Consejo de Estado, que había cuestionado algunos de los mecanismos previstos en el texto inicial.
La principal modificación es la eliminación de la posibilidad de que los solicitantes acrediten la ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable, una opción que el Consejo de Estado había considerado inadecuada en un proceso masivo.
Con el nuevo redactado, los migrantes deberán aportar obligatoriamente el certificado de antecedentes del país de origen o de residencia. En caso de dificultades, será la administración española quien podrá solicitar esta información por vía diplomática.
El dictamen del Consejo de Estado advertía de que permitir declaraciones responsables podía relajar los controles y abrir la puerta a irregularidades, lo que ha motivado el cambio normativo.
El decreto forma parte del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el gobierno, que puede beneficiar a cientos de miles de personas en situación irregular en el Estado.
La medida permitirá obtener un permiso de residencia y trabajo y está dirigida a personas que acrediten un periodo mínimo de estancia y arraigo en el país.
Los trámites para acceder a la regularización se iniciarán el 16 de abril de forma telemática y a partir del día 20 también se podrán hacer presencialmente.
El gobierno prevé reforzar los equipos administrativos para gestionar el volumen elevado de solicitudes que se espera en las primeras semanas del proceso.
Otros cambios en el decreto
Entre las novedades introducidas también destaca la validación de pasaportes caducados para iniciar los trámites y la exclusión de determinados colectivos, como las personas apátridas, del procedimiento.
Además, el texto mantiene la voluntad de facilitar el acceso a derechos básicos como la residencia y el trabajo para personas que ya viven en el Estado, en una de las reformas más relevantes en política migratoria de los últimos años.
