La asociación Acción Cassandra ha ratificado ante el juzgado la querella presentada contra cuatro exconsejeros y varios altos cargos por presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
La causa se dirige contra los exconsejeros Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano, así como contra otros responsables políticos y técnicos vinculados al organismo.
La querella denuncia una presunta «malversación millonaria» y un «fraude sistemático» en la gestión de recursos públicos destinados a la protección de menores. Entre las prácticas señaladas hay pagos indebidos, contratos irregulares y la existencia de «plazas fantasma» en el sistema de atención.
Segons l’entitat, aquestes irregularitats s’haurien produït al llarg de diversos anys i afectarien múltiples centres i programes, amb un volum de fons públics qüestionat que arriba a desenes de milions d’euros.
Delitos que se investigan
Acción Cassandra pide al juzgado que investigue posibles delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, encubrimiento y fraude, entre otros.
La querella se ha presentado como acusación popular y forma parte de un proceso judicial que se encuentra en fase inicial, pendiente de que el juzgado decida si lo admite a trámite e inicia la investigación.
Además de los exconsejeros, la denuncia incluye otros cargos relevantes, como el exsecretario general del departamento y varios exdirectores de la Procuraduría.
La entidad sostiene que las presuntas irregularidades no responden a casos aislados, sino a un funcionamiento estructural que habría permitido la continuidad de prácticas irregulares durante diferentes etapas de gobierno.
Origen del caso
Las sospechas sobre la gestión de la DEGAIA se han alimentado en los últimos años a raíz de informes de organismos de control, que han detectado anomalías en la gestión de prestaciones y contrataciones.
El caso se inscribe en el debate sobre la gestión de los recursos públicos en el ámbito de la protección a la infancia y podría tener derivadas judiciales y políticas en función de la evolución del procedimiento.
