El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, defiende que sí atendió a los vulnerables del B9 a diferencia de la Fiscalía, que mantiene que el Ayuntamiento de Badalona desoyó a los desalojados del B9
Así, la Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Badalona incumplió la orden judicial en el desalojo del antiguo instituto B9 al no garantizar la atención a los afectados. Según el ministerio público, el consistorio «desoyó» la situación de los desalojados y no activó los mecanismos de asistencia previstos.
En cambio, el gobierno de Albiol defiende que «las 55 personas consideradas vulnerables por la comisión técnica fueron derivadas a recursos habitacionales», aunque en el antiguo instituto se calcula que malvivían unas 400 personas.
El consistorio también defiende que desde Servicios Sociales se realizaron actuaciones «antes, durante y después del desempleo». Con todo, el equipo de Albiol considera que la posición de la Fiscalía «contradice» los hechos: «Esta postura parece responder a una voluntad coordinada de no reconocer la realidad.
El desalojo, ejecutado en diciembre pasado, afectó a cerca de 400 personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, que residían en este espacio, considerado uno de los asentamientos más grandes de Cataluña.
La resolución judicial que autorizaba el desalojo establecía que el Ayuntamiento debía garantizar una respuesta social adecuada a los afectados, siguiendo los protocolos de atención a personas sin hogar. Este requisito era una condición vinculada a la ejecución del operativo.
Según la Fiscalía, esta obligación no se cumplió. Parte de los desalojados quedaron sin alternativa habitacional inmediata y acabaron durmiendo en la calle o en asentamientos improvisados, en pleno invierno.
Investigación abierta por posibles delitos
El posicionamiento del ministerio público se enmarca en una investigación para determinar si la actuación municipal puede ser constitutiva de delitos como desobediencia, denegación de servicio público o discriminación.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias que cuestionaban que se garantizaran los derechos básicos de las personas afectadas durante el desalojo.
La resolución puede marcar un precedente sobre cómo deben gestionarse los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad y el papel de las administraciones en la garantía de sus derechos.
Impacto social y político
El desalojo del B9 generó una fuerte polémica por la falta de alternativas para los residentes y por las condiciones en que se ejecutó. Tras el operativo, varias entidades sociales denunciaron una situación de desprotección y reclamaron una respuesta institucional más contundente.
El caso ha reabierto el debate sobre la gestión del sinhogarismo y las políticas municipales de vivienda, especialmente en ciudades con alta presión social como Badalona.
