Varios exconsejeros de Cultura de la Generalitat, entre ellos Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Geli, Laura Borràs y Àngels Ponsa, han presentado una querella contra la jueza de Huesca que instruye el caso Sijena por haber ordenado el traslado de las pinturas murales del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) al monasterio aragonés.
La querella, impulsada por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, sostiene que la ejecución de la sentencia puede conllevar un riesgo grave para la integridad de las obras, consideradas bienes de alto valor histórico y artístico. Los exconsejeros defienden que la conservación del patrimonio debería prevalecer ante el cumplimiento de una resolución judicial si éste conlleva daños irreversibles.
Alegan riesgo de delito contra el patrimonio
Los firmantes argumentan que obligar al traslado de las pinturas a pesar de los informes técnicos que alertan de los riesgos podría encajar en un delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el Código Penal. En este sentido, consideran que ejecutar la sentencia en estas condiciones podría comportar responsabilidades penales.
Según su tesis, la protección de los bienes culturales, especialmente cuando tienen la categoría de bien de interés cultural (BIC), debe situarse por encima de otros derechos, como el de propiedad o la ejecución judicial, si existe peligro de destrucción o deterioro.
Un nuevo episodio en el largo conflicto
La querella se enmarca en la larga batalla judicial por el retorno de las pinturas murales del monasterio de Sijena, trasladadas a Cataluña durante el siglo XX y conservadas desde entonces en el MNAC. El Tribunal Supremo avaló la devolución de las obras en Aragón, y la jueza de Huesca está ejecutando la sentencia.
Los exconsejeros sostienen que hay varios informes de expertos que advierten que el traslado podría provocar daños irreparables, y el propio MNAC ha admitido dificultades técnicas para hacerlo sin riesgos.
Críticas a la decisión judicial
En declaraciones públicas, algunos de los impulsores de la querella han calificado el proceso de «descalabro judicial» y han denunciado presiones políticas detrás de la decisión de acelerar el retorno de las obras.
También han criticado la falta de nuevos informes técnicos independientes que avalen el traslado y han reclamado que se agoten todas las vías para evitar una actuación que consideran potencialmente destructiva para un patrimonio único.
Una vía penal para frenar el traslado
Con esta acción, los exconsejeros intentan detener cautelarmente la ejecución del traslado y abrir la puerta a una revisión del procedimiento desde el punto de vista penal. La querella se suma a otras iniciativas impulsadas en los últimos meses para evitar el retorno inmediato de las pinturas.
El caso Sijena continúa así abierto en múltiples frentes —judiciales, políticos y patrimoniales— y se mantiene como uno de los conflictos más sensibles en materia de patrimonio cultural entre Cataluña y Aragón.
