El caso de El odio, obra de Luisgé Martín cuya publicación ha sido finalmente cancelada por Anagrama, ha desatado una tormenta de opiniones que trasciende lo meramente editorial. Nos encontramos ante un espejo que refleja dilemas fundamentales de nuestra convivencia: ¿hasta dónde llega el derecho al silencio de quien ha sufrido una tragedia? ¿Quién puede narrar el horror y bajo qué condiciones? ¿Dónde establecemos los confines de nuestra libertad para decir y escuchar?
La retirada definitiva del volumen tras el vendaval mediático nos invita a cuestionarnos nuestra ambigua relación con las narrativas de crímenes reales y esa delgada línea donde la exploración artística colisiona con el sufrimiento humano tangible.
Reconozcámoslo: nuestra sociedad ha desarrollado un apetito voraz por el true crime mientras mantiene una distancia aséptica frente al dolor ajeno. Hemos desarrollado una peculiar capacidad para compartir mesa con las imágenes más terribles de conflictos bélicos sin que nuestra digestión se altere lo más mínimo. En un mundo así, ¿debería sorprendernos la fascinación por adentrarnos en la psique de quien fue capaz de acabar con la vida de sus propios hijos?
No obstante, Ruth Ortiz encarna una realidad que trasciende cualquier debate abstracto. Como madre de Ruth y José, su derecho a preservar la memoria y dignidad de sus hijos no puede ser una simple nota al pie en esta discusión. Existe una inevitable fricción entre proteger a quienes han vivido lo inimaginable y salvaguardar esa libertad expresiva que vertebra nuestra democracia.
La mayor torpeza en todo este proceso no ha sido el contenido del libro en sí, sino la flagrante desconsideración hacia quien más ha sufrido. Publicar un texto que inevitablemente expone fragmentos íntimos de una tragedia familiar sin establecer comunicación previa con la madre superviviente revela una insensibilidad difícil de justificar. No se trataba de solicitar autorización, sino de tener un gesto de humanidad básica: prepararla para lo que estaba por venir, escuchar sus inquietudes, demostrar que su dolor no era invisible para quienes abordaban el caso. El hecho de que Ruth Ortiz se enterara por los medios de comunicación de que las palabras del asesino de sus hijos circularían pronto en librerías representa un fallo ético difícil de excusar.
Vale recordar que cuando Capote se sumergió en los detalles del brutal asesinato de la familia Clutter para su obra maestra A sangre fría, no se limitó a entrevistar a los perpetradores. Recorrió las calles de aquella pequeña comunidad de Kansas, escuchó a vecinos, amigos y familiares, tejiendo así un retrato que contrapesaba la humanización de los asesinos con el profundo vacío que habían dejado a su paso.
Al final, todo se reduce a una cuestión esencial: ¿está justificada la prohibición de una obra literaria? Confieso que mi primera reacción, impulsada por la empatía hacia el dolor maternal de Ruth Ortiz, fue inclinarme por la censura. Sin embargo, la reflexión pausada me ha llevado a un terreno más complejo.
La libertad para expresarnos trasciende el ámbito meramente individual para constituirse en pilar colectivo. No solo asegura que cada ciudadano pueda manifestar su pensamiento, sino que garantiza que el tapiz de perspectivas, datos, saberes y posturas éticas diversas nutra ese diálogo sin el cual la democracia se marchita. Porque la democracia va mucho más allá de depositar papeletas; es un ecosistema que respira a través del intercambio irrestricto de ideas.
Este principio demanda un ejercicio constante de tolerancia, un compromiso cívico arraigado en nuestro ordenamiento constitucional, que sitúa el pluralismo como valor vertebrador de nuestra convivencia. La censura envenena gradualmente el espacio democrático; particularmente aquella aplicada preventivamente, que no solo tutela lo que podemos ver o leer hoy, sino que proyecta una sombra intimidatoria sobre la creatividad futura.
Una comunidad democrática madura puede y debe confiar en el criterio de sus integrantes. Puede elegir acercarse a una obra y formarse un juicio propio; puede optar por rechazarla activamente como expresión de desacuerdo; lo que no puede es ser despojada de esa capacidad de elección, incluso cuando ejercerla suponga malestar o aflicción para algunos, siempre que no se transgredan límites legales precisos.
Por todo ello, aunque probablemente sea un volumen que personalmente evitaría, defiendo firmemente su derecho a existir en los estantes de nuestras librerías.
