El Gobierno de la Generalitat ha reiterado que está «absolutamente comprometido» con volver a regular la obligatoriedad de los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las familias vulnerables después de que el Tribunal Constitucional haya anulado parcialmente la ley catalana de vivienda de 2022. En una atención a los medios desde Tarragona, la consejera Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, SílviaPaneque, ha reafirmado que la figura del alquiler social es «absolutamente necesaria» porque desde la aprobación de la ley hasta ahora se han beneficiado más de 3.000 familias.
«En el fondo y en la naturaleza de la regulación estamos totalmente comprometidos, pero tenemos que buscar la manera más blindada y segura jurídicamente», ha dicho la también portavoz del Govern. Por otro lado, Paneque ha afirmado que el aval del Constitucional a la cesión obligatoria de viviendas vacías más de dos años «permitirá desarrollar una nueva regulación» con más seguridad jurídica.
