Rosell y su junta de 2010 ‘acusan’ a Laporta de delito por el ‘avalgate’

La imputación por haber aceptado dinero de terceros para financiar su aval de 2021, que podría tratarse de un caso de corrupción entre particulares, ha llegado, sin embargo, envuelta en una carta abierta a los socios de forma solapada, amable e intrascendente

Sandri Rosell, ex-presidente del Barça

Sandro Rosell y con él los miembros que integraron su junta al frente del Barça entre 2010 y 2014 han intentado sacudir la actualidad azulgrana con la emisión de una nota pública, en forma de carta a los socios del FC Barcelona, en la que denuncian el ‘avalgate’, es decir, el hecho de haber aceptado y utilizado dinero de terceros para pagar los intereses del aval de 17 de marzo de 2021. Se trata de aquel aval conseguido por Laporta de madrugada y al límite del margen de diez días contemplados en los estatutos, que ya contuvo destacadas irregularidades por el hecho de que avalaran socios no electos, infringiendo la normativa, y que ahora se ve envuelto en una polémica de bastante calado debido a que Hacienda lo investiga a fondo, en principio por su trascendencia fiscal, sin perjuicio de que la flotación de determinados capitales, por su origen y uso final, conduzca a males mayores para quienes pagaron los intereses del aval y para quienes evitaron hacerlo, beneficiándose de una práctica absolutamente contraria a la ley.

Este sería, de hecho, el aspecto más relevante del comunicado de Rosell en contra de la junta de Laporta y, al mismo tiempo, el menos percibido y destacado por los medios y por la opinión pública barcelonista, pues el ex-presidente deja claro que la actuación de la junta actual es directamente un delito y la acusa por ese motivo.

Otra cosa es que lo haga de una forma edulcorada y superficial, demasiado amable seguramente, como lo demuestra la intrascendencia mediática de la imputación, más allá de que a la directiva de Laporta no le haya hecho ni cosquillas y de que la prensa en general no haya querido leer entre líneas ni abundar en un asunto como el ‘avalgate’, en el que ninguna pluma de prestigio ni medio ni tampoco los potentes ecosistemas digitales del laportismo quieren entrar. Lo regatean y lo ignoran, precisamente porque la infracción es tan flagrante e injustificada que resulta imposible de exculpar ni de encubrir a menos que, como hace todo ese colectivo laportista, se oculte bajo un manto de silencio y se ignore deliberadamente. La pestilencia sería insoportable en caso de removerse el asunto.

José Elías, uno de los avalistas que le salvó la papeleta a Laporta cuando estaba a punto de no poder tomar posesión, ha admitido, por su parte, haberse “salvado de un buen marrón” tras haber ido a declarar a Hacienda para dar explicaciones, ya que “en mi caso, yo sufragué los gastos de mi aval, además de poner en juego mi patrimonio, y encima me pidieron que me hiciera cargo del resto de los intereses de toda la directiva. ‘¿Cómo?’, pregunté, ‘¿que encima pague yo los gastos de los demás? Ese día comprendí que algo no me habían explicado de esta película’”, ha manifestado el empresario de Audax, que también salió corriendo del entorno de aquella junta y que ahora juega a pre-candidato de cara a las elecciones de 2026.

Rosell, en su relato, concentra su mensaje en un asunto colateral, ya que desde la junta de Laporta se filtró, a modo de reacción a la publicación de los detalles del ‘avalgate’, que las artimañas y trampas para hacer frente a los intereses del aval con recursos del club, o indirectamente a través de tráfico de influencias, era una práctica más o menos habitual o extendida en el tiempo en juntas anteriores. Por eso afirma que “aun manteniendo el respetuoso silencio que me impuse desde el 2014 hacia las directivas que asumieron la gestión del Club después de mi mandato, frente a esta falsedad, me veo en el deber de proclamar categóricamente que todos los miembros de mi junta directiva constituyeron los avales personales y preceptivos conforme a la norma. Se hizo de manera mancomunada y solidaria ante la LFP, por un total de 60 millones de euros. Cada uno de nosotros asumió íntegramente el coste financiero del mantenimiento del aval, pagado directamente de nuestros bolsillos y a través de los bancos correspondientes, a lo largo de las temporadas 2010-11, 2011-12 y 2012-13, hasta que los resultados positivos ordinarios acumulados de nuestra gestión nos dispensaron de hacerlo”. Luego exige a la junta de Laporta “que lo desmintáis taxativamente y que pidáis la oportuna rectificación a los medios que lo publicaron”.

Ruego al que, como no podía esperarse otra reacción, Laporta no se ha dignado ni responder, filtrando a sus medios más próximos un mensaje en el sentido de que Rosell debió plantear esta enmienda o mentís al respecto a los medios que lo publicaron, cabe decir que citando fuentes de la directiva actual.

El párrafo clave de Rosell, también el más relegado al olvido y deliberadamente omitido en su forma y fondo, es el que alude al motivo principal por el que, bajo su presidencia, el coste íntegro de los avales recayó en sus directivos: “No podría ser de ninguna otra manera dado que, de no haberlo hecho así, habríamos incurrido en una infracción grave de los Estatutos del FC Barcelona, del Código Ético y de la ley”.

Dicho de otro modo, que se habría cometido un delito, en opinión de los expertos, por presunta corrupción entre particulares por parte de Laporta y de su directiva al haber empleado dinero de aportaciones de empresas y de personas ajenas a las elegidas democráticamente por los socios del club para avalar y hacer frente al pago de los intereses correspondientes a esas garantías que la ley exige pero que limita a los cargos electos.

Que haya trascendido hasta ahora, las ‘colaboraciones’ recibidas en esa cuenta del Banc de Sabadell, en la que los directivos constaban como titulares, aunque la mayoría desconocía sus movimientos, han sido las siguientes:  350.000 euros de un proveedor de servicios del club, ISL Fútbol LLC, licenciataria de las Barça Academy en los EE. UU. desde 2015; 750.000 euros de la empresa JBM Investments 2014 SL, administrada por el empresario israelí Morris Moshe Benisty, amigo y socio del presidente en negocios al margen del Barça, y 700.000 euros de la empresa Capital Planet SL, administrada por Xavier Laporta, hermano del presidente.

La sociedad ISL Fútbol LLC recibió, posteriormente a ese ingreso que se ha querido justificar como un préstamo -igualmente inaceptable por tratarse de un proveedor-, el encargo de organizar dos partidos amistosos del primer equipo en la gira de verano por los EE.UU. del año 2022.

Tampoco se contempla en ninguna circunstancia como justificante que el club estuviera en una situación financiera crítica, pues la junta de 2010 constituyó los avales personales y preceptivos conforme a la norma, de manera mancomunada y solidaria ante la LFP, por un total de 60 millones de euros, asumiendo, también, íntegramente, el coste financiero de su mantenimiento, a lo largo de las temporadas 2010-11, 2011-12 y 2012-13. Es decir, a lo largo de tres temporadas hasta que, con una receta tan sencilla como firme, a base de incrementar los ingresos y controlar los gastos, al revés de la dinámica laportista de los últimos años, los beneficios acumulados superaron el 15% de los gastos ordinarios de la temporada 2013-14, cerrada a 30 de junio de 2014 con 134,1 millones entre 2011 y 2014 y unos fondos propios positivos de 55 millones.

La herencia del primer Barça de Laporta fue un club en quiebra técnica, con fondos propios negativos de 59 millones, resultado de la acumulación de pérdidas anuales en las cuentas de explotación, entre ellas las enormes pérdidas de 79,6 millones del último ejercicio presidido por Joan Laporta. Entonces, el Barça facturaba 415 millones y tenía una deuda bruta todavía superior, de 430 millones.

En el mismo periodo de cuatro años, Laporta está también a años luz de haber mejorado una situación económica y financiera delicada que heredó como consecuencia de los 300 millones dejados de ingresar por la pandemia y que bajo su mandato sólo ha hecho que empeorar.

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