La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este martes rechazar la petición del Senado, controlado por una mayoría del PP, de detener la tramitación de la ley de amnistía.
Con los votos de la mayoría conformada por PSOE y Sumar, y la negativa de PP y Vox, la Mesa ha tomado esta decisión basándose en un informe de los letrados, que acusa a la cámara alta de pretender una «clara injerencia» en la autonomía parlamentaria y de formular alegaciones que solo buscan argumentos para un recurso de inconstitucionalidad «encubierto y extemporáneo».
Este documento, de 14 páginas, afirma que el Senado pretende «asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno» del Congreso, y defiende que la cámara baja siempre «ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus competencias», y que ha seguido los procedimientos establecidos a la hora de tramitar la proposición de ley aprobada en la cámara baja el 14 de marzo, sin incurrir en vicios formales.
La Mesa, así pues, ha rechazado el conflicto de competencias inédito planteado por la cámara alta, que sostenía que era necesario tramitar la ley de amnistía como una reforma constitucional y pedía al Congreso que diera marcha atrás en las decisiones que ya han sido adoptadas por el pleno.
Según indican los letrados esgrimiendo argumentos del Tribunal Constitucional (TC), detener una iniciativa como quiere el Senado limitaría los derechos a la participación política y supondría una «lesión» a los derechos de todos los diputados, y añaden que el propio TC dejó escrito que la constitucionalidad de un texto «solo puede determinarse, como es natural, una vez alcanzada la condición de norma».
