El recurso presentado por la defensa de dos policías nacionales heridos durante las protestas en Cataluña en 2019 cuestiona la decisión de citar a Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por videoconferencia, argumentando que carece de justificación y garantías procesales. Se señala que este enfoque contrasta con la política previa del Tribunal Supremo, que no había ofrecido la posibilidad de declarar por videoconferencia y que mantiene una orden de detención contra Puigdemont. Además, se destaca la gravedad de los delitos investigados, que exigen un interrogatorio riguroso y equitativo.
La defensa también plantea preocupaciones sobre la seguridad de las declaraciones por videoconferencia, dado el paradero desconocido de Puigdemont y Wagensberg y su intento aparente de eludir la acción de la justicia española. Se argumenta que la falta de certeza sobre quién realiza la declaración y la posibilidad de suplantación de identidad plantean serias dudas sobre la integridad del proceso. Se enfatiza la necesidad de que las conexiones se realicen desde puntos seguros, preferiblemente bajo la supervisión de los tribunales españoles.
En resumen, el recurso impugna la citación por videoconferencia de Puigdemont y Wagensberg, argumentando falta de justificación y garantías procesales, así como preocupaciones sobre la seguridad y la integridad del proceso judicial. Se subraya la importancia de mantener estándares rigurosos en la conducción de los interrogatorios, especialmente en casos de delitos graves como los investigados.
