Ayuso y una docena de presidentes más del PP confrontarán con Aragonès en el Senado el próximo lunes

La cámara alta aprobará un informe que sostiene que la amnistía es "un golpe mortal" al modelo constitucional

Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ya ha confirmado su asistencia el próximo lunes a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, a la que también participará el presidente de la Generalitat de Catalunya, el republicano Pere Aragonès. Ayuso es una de los trece presidentes autonómicos del PP que pueden tomar la palabra en la sesión.

La comisión tiene que debatir y aprobar el informe sobre la ley de amnistía que ha redactado el PP aprovechando su mayoría absoluta en la cámara alta. Es un documento contra la ley que, entre otras, asegura que la amnistía supone el «peor atentado contra la seguridad jurídica que se ha producido en España desde 1978» y «un golpe mortal para nuestro Estado constitucional y autonómico».

La comisión empezará a las 10 de la mañana con la presentación del informe por parte del senador del PP Antonio Silván. Posteriormente, se presentarán los votos particulares de los grupos respecto al documento.

ERC ha registrado uno, y según la portavoz de los republicanos en el Senado, Sara Bailac, su voto particular defiende la constitucionalidad de la ley de amnistía y apunta que es una herramienta para superar la fase de la «represión» y abrir «una segunda fase» en que los catalanes puedan votar sobre la independencia.

Después del debate de los votos particulares, empieza el turno de los presidentes autonómicos con la intervención del presidente catalán, Pere Aragonès. Es así porque los presidentes autonómicos intervienen según la orden de aprobación de cada estatuto de autonomía, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, no tiene previsto asistir.

El presidente de la Generalitat ha anunciado este jueves en la Ser que asistirá a la cita para defender la amnistía. «Querían que fuera un monólogo, y no será así. Trolear al PP siempre apetece», ha afirmado.

Todavía no ha transcendido si Aragonès hablará y seguidamente se marchará del Senado, como hizo en la reunión de esta misma comisión el 19 de octubre de 2023, o bien si se quedará a escuchar las intervenciones del resto de presidentes autonómicos.

Después de Aragonès, y a pesar de que el PP todavía no confirma que asistan todos sus presidentes, la orden de intervenciones sigue con el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda; el de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno; la de las Baleares, la popular Marga Prohens; la de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, y el de La Rioja, el popular Gonzalo Capellán.

Después el de Murcia, el popular Fernando López Miras; el de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón; el ceutí, el popular Juan Jesús Vivas; el de Aragón, el popular Jorge Azcón; la de Extremadura, la popular María Guardiola; la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP); el melillense, el popular Juan José Imbroda, y cerrará el de Canarias, el popular Manuel Domínguez.

Después será el turno de los senadores que hayan pedido la palabra, que dispondrán de un turno de cinco minutos, y de los portavoces de los grupos parlamentarios, que podrán hablar durante diez minutos por orden de menor a mayor número de senadores.

El gobierno español puede intervenir en cualquier momento del debate, a pesar de que no lo hizo en la anterior reunión de la comisión, y de momento no ha aclarado si piensa enviar alguien a la de lunes.

Después de todas estas intervenciones, la comisión hará un receso de quince minutos para incorporar, o no, al informe cuestiones que se hayan debatido, y finalmente se producirá una votación del documento y de los votos particulares que hayan presentado los grupos.

El informe que se aprobará ha sido aprobado en ponencia este jueves con la mayoría absoluta del PP en la cámara alta. El documento sostiene que la ley de amnistía «deja desprotegido al Estado autonómico porque crea un precedente peligroso para su supervivencia».

Según el PP, la ley ofrece «una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actas insurreccionales que, en el futuro, pueden volver a desafiar los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad sobre los que se asienta nuestro modelo de organización territorial».

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