Sociedad Civil Catalana (SCC) ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación de fondos públicos con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales, dos delitos que quedarían fuera de la ley de amnistía.
En el marco de la causa por terrorismo contra el Tsunami Democràtic, SCC, es acusación particular en este caso, tanto en la Audiencia Nacional como al Supremo, y también en el caso Voloh del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Según SCC, hay indicios que Puigdemont recibió fondos a través de criptomonedas de los cuales se desconoce el origen.
En un comunicado, la entidad constitucionalista asegura que el diciembre de 2021 Puigdemont recibió a su cuenta personal de Ethereum un pago en criptomonedas a través del protocolo conocido como Tornado Cash. Según la entidad, este mezclador de criptomonedas, que envía la transferencia al destinatario sin que se sepa el origen del dinero, es una herramienta para blanquear fondos.
De hecho, esta plataforma fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por permitir el blanqueo de dinero. «La recepción de una transferencia a la criptomoneda ether a la cuenta personal de Puigdemont a través de una herramienta tan cuestionada como Tornado Cash podría evidenciar -en caso de demostrarse el desvío de dinero público para financiar Tsunami Democràtic- un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal», dice la entidad.
Así mismo, considera que el uso de esta plataforma podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que estos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo que constituiría un acto de blanqueo de capitales.
Precisamente para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero, el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente el primer texto legislativo de la Unión Europea (UE) para asegurar la trazabilidad de las transferencias.
Desde hace más de un año, SCC trabaja en un proyecto de investigación para rastrear la supuesta injerencia rusa en el proceso independentista. Según la entidad, de las diligencias practicadas en el caso Voloh «se desprenden indicios que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos».
