Medio centenar de funcionarios de diferentes prisiones catalanas se han dado cita para protestar a las puertas del centro penitenciario Brians 2, donde este viernes se prevé que salga en libertad bajo fianza del exfutbolista Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual.
Los trabajadores han aprovechado la atención mediática que despierta la posible salida de Alves, a la espera de que deposite el millón de euros de fianza que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona, para seguir pidiendo la dimisión de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del mismo departamento, Amand Calderó. La previsión de los funcionarios, de hecho, es quedarse ante las puertas de Brians 2 hasta la salida de Alves, para acompañarle hasta el coche, difunde la ACN.
Además, pintadas que piden la dimisión de Ubasart han aparecido en la carretera de acceso del centro penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres, justo donde hace unos días los trabajadores cortaban el acceso para llegar hasta el centro, una de las protestas convocadas a raíz de la muerte de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric.
Por otra parte, la consejera Ubasart ha recibido el apoyo de seis entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos y los presos: el Institut de Drets Humans de Catalunya, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona, la Associació Famílies de Presos de Catalunya, Observa. Associació pel Monitoratge del Sistema Penal, la Xarxa Anti Repressió de Familiars de Detingudes y la Associació Justícia i Pau.
Estas entidades, a través de un comunicado, han lamentado la posición de Junts y el PSC, a los que reprochan que «se han situado junto a los sectores más reaccionarios y autoritarios del sindicalismo penitenciario», y han remarcado que estas posturas son «incompatibles con los derechos humanos».
