La riqueza mundial se concentra cada vez en menos manso, y la desigualdad respecto a las personas más pobres es más desproporcionada. La década del 2020 ha agudizado todavía más esta tendencia mundial, a causa de la pandemia, las nuevas guerras y el alza generalizada de los alimentos y los suministros energéticos, que han disparado las ganancias de la élite financiera y milmillonaria.
Según el informe de Oxfam Intermón Desigualdad SA, “desde el 2020, la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha disparado un 114%, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha bajado desde el inicio de la década”. A modo de ejemplo, una trabajadora del sector sociosanitario necesitaría 1.200 años para lograr los ingresos anuales de un director general de una de las empresas de la lista Fortune 100.
En declaraciones a EL TRIANGLE, Miquel Alba, responsable de desigualdad y del sector privado de Oxfam Intermón y autor del análisis de España, alerta que ”la concentración de la riqueza se agudiza más, y la desigualdad crece. Es una tendencia global en todos los países del mundo, y con el paso del tiempo el incremento de la riqueza financiera, en detrimento de la economía productiva, crece sin restricciones”. Cómo relata Alba, la época actual se caracteriza por una libre circulación de capitales absoluta, y los capitales viajan por todo el mundo sin restricciones. “Las grandes empresas, a diferencia de las pymes, están demasiado concentradas a retribuir de forma muy generosa las élites económicas, sea con dividendos para los accionistas o bien a través de sueldos estratosféricos para los altos ejecutivos. No es una prioridad velar por los trabajadores, sino que son considerados como un recurso para retribuir el capital o bien los ejecutivos”.
A pesar del incremento de los beneficios de esta minoría milmillonaria, el informe denuncia que no están generando más puestos de trabajo, ni mejorando sueldos, ni reduciendo la brecha de género, ni haciendo ningún esfuerzo medioambiental. Según Miquel Alba, una de las conclusiones que más lo han sorprendido del informe ha estado que las 50 grandes empresas españolas incrementaron beneficios en más de un 20%, pero no generaron más de un 0,2% de ocupación. “Las grandes empresas no generan más ocupación, en contra de lo que se consideraba que era su gran valor de contribución. Acaban siendo las pymes las que generan ocupación dentro de la economía productiva”, según indica el experto de Oxfam Intermón.
Visto el contexto, los agentes a favor de una nueva fiscalidad para las grandes fortunas crecen en Europa y en otros lugares del mundo. Una Iniciativa Ciudadana Europea ya ha recogido 120.000 firmas para que la Comisión Europea elabore una propuesta de directiva sobre un impuesto europeo sobre las grandes riquezas. La voluntad de la iniciativa es que estos fondos formen parte de los recursos propios de la Unión Europea y se destinen “para una transición ecológica y social justa, alimentando las políticas de la Unión y de los estados miembros dedicadas a este propósito”. Del total de firmas recogidas hasta el momento, España tiene un porcentaje inferior al 5%, mientras que países como Italia y Alemania superan el 15%. La recogida de apoyos, pero, está abierta hasta principios de octubre del 2024.
Hasta ahora, la campaña Tax The Rich ya ha contado con el apoyo de dirigentes políticos, sindicados, ONGs y miembros de la sociedad civil. El grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo se ha sumado a la campaña. Su presidenta, Iratxe García, ha manifestado que “en una Europa donde las familias y las pequeñas tiendas de barrio tienen que pagar sus impuestos, no se puede dejar que las grandes multinacionales y las personas multimillonarias se libren de pagar la parte que los corresponde. Esto supondría una gran fuente de nuevos recursos para el presupuesto de la UE”.
Desde el mismo Gobierno español, el presidente Pedro Sánchez expresó, durante la presidencia española del Consejo de la UE, que la justicia fiscal tiene que ser una prioridad europea y que hay que acabar con las evasiones fiscales de grandes fortunas y grandes corporaciones globales.
Actualmente, España es de los pocos países de la UE que tiene en vigor un impuesto a las grandes fortunas, igual que otros estados como Francia, Italia o Noruega. A pesar de que se creó con carácter temporal, ahora se ha abierto el debate sobre su permanencia en el tiempo. Tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como la vicepresidenta María Jesús Montero han planteado hacerlo permanente, vista la elevada recaudación conseguida. El 2023, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (IGF) recaudó 623,6 millones de euros de 12.010 declarantes. Justo es decir que el 90% de esta cifra proviene solo de la Comunidad de Madrid. Cataluña solo aportó 2 millones de euros de 322 declarantes, un peso insignificante en comparación con la capital madrileña.
Por Oxfam Intermón, además del impuesto a las grandes fortunas, hace falta un paquete de medidas de lucha contra el fraude “para tapar los agujeros de la evasión y la elusión fiscal en el impuesto sobre sociedades, así como reforzar la tributación de los beneficios extraordinarios”. Según Miquel Alba, “hace falta una reforma en profundidad de la fiscalidad porque las grandes empresas piensan a escala transnacional, y los impuestos de cada país se han visto superados por esta dinámica”. Con relación al impuesto extraordinario que se creó para las energéticas y la banca, Alba indica que esta figura tendría que ser permanente, a pesar de que solo se tendría que activar cuando existiera una crisis del coste de la vida como ha pasado ahora. Mientras la gran mayoría de las personas han tenido que pagar más por los alimentos o para mantener el hogar a causa de la subida de los tipos de interés, las energéticas y la banca han tenido beneficios gigantes.
Por eso, Oxfam Intermón defiende reforzar este impuesto a los beneficios extraordinarios, ampliándolo a todos los sectores y estableciéndolo permanente para poder amortiguar futuras crisis. Para promover una gobernanza democrática a las empresas, la ONG apuesta para limitar la desigualdad salarial: “Ahora un alto ejecutivo gana 91 veces el sueldo medio. El sueldo más alto tendría que ser como máximo veinte veces más que el sueldo medio, y así se favorecerían subidas generalizadas a las empresas”.
*Puedes leer el artículo entero al número 1562 de la edición en papel del EL TRIANGLE.
