La expulsión de la diputada de Junts, Cristina Casol, del grupo parlamentario, aprobada el lunes por la ejecutiva del partido de Carles Puigdemont, con ocho votos en contra, entre ellos el de la presidenta Laura Borràs, ensancha aún más la división en el sí del partido. La expulsión se produce después de que fuera archivada la denuncia interpuesta por esta diputada por acoso por razón de sexo.
La también diputada de Junts, y miembro de la mesa del Parlament, Aurora Madaula, que también ha denunciado acoso parlamentario de su partido, apoyaba después de conocerse la expulsión a su compañera, como también han hecho otros miembros de Junts. El caso de Madaula aún está por resolver. Se encuentra de baja médica desde que, a finales de noviembre, la presidenta del Parlament, Anna Erra, la invitara a “reflexionar” y dar un paso al lado.
Unos casos delicados que están tensando aún más al partido. Quien ha decidido poner más leña al fuego ha sido la aboga Magda Oranich, responsable de la Comisión de Garantías de Junts, que el otro día negó en Ràdio Estel que los casos denunciados por las diputadas de Junts Casol y Madaula sean machismo: «No estoy de acuerdo en que una discusión política sea una agresión».
Las redes sociales ya se han encargado de recordar la mala relación existente entre Oranich y Borràs, que se remonta al caso de Francesc de Dalmases. Casol y Madaula estarían vinculadas al sector que lidera la presidenta de Junts.
