La defensa del jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha pedido revocar la prórroga de la instrucción del caso Voloh que acordó hace unos días el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. El escrito del recurso asegura que la causa está en la fase intermedia desde hace casi un año, o sea que ya no se puede alargar más la instrucción. Así, recuerda que hay recursos pendientes de resolución, pero no paran la finalización de la instrucción y la tramitación para que vaya a juicio. En la causa se investiga la supuesta relación del entorno de Puigdemont con los servicios secretos rusos para apoyar a la independencia de Cataluña.
El escrito del abogado Gonzalo Boye cita la legislación que impide prorrogar una causa que ya tiene concluida la instrucción, pero la cita en alemán, ironizando sobre la intervención del juez en un programa de televisión alemán hablando del caso. De hecho, insinúa que pedirá la recusación del instructor por este hecho.
El magistrado instructor, Joaquín Aguirre, ha prorrogado la causa porque habría encontrado «estrechas relaciones» entre algunos investigados del entorno de Puigdemont, como el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, el empresario convergente Víctor Terradellas y el informático Jaume Cabaní con individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana, algunos de los cuales tenían cargos diplomáticos, tenían relaciones con los servicios secretos rusos o con la extrema derecha.
El juez constata que después de revisar parte importante de la documentación en las diferentes piezas de la causa ha encontrado datos que confirmarían las «estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados» con personas de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana.
En la interlocutoria se habla de dos reuniones con Terradellas y personas rusas, una de ellas en la Casa dels Canonges, residencia oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña, en presencia de Carles Puigdemont, justo antes de la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña. El magistrado explica, además, que el 28 de diciembre pasado recibió al juzgado una carta anónima con recortes de prensa elaborados por un equipo de investigación periodística internacional donde se confirmaría este encuentro. Esta documentación también hace referencia al ofrecimiento de varios miles de soldados y millones de dólares a cambio que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas.
También consta acreditado, dice la interlocutoria, que Alay tuvo con Boye una serie de conversaciones por mensaje que «revelan de manera inequívoca sus contactos con altos cargos del Kremlin», antes y después de la declaración unilateral de independencia (DUI). En una de ellas se refieren a la necesidad que el expresidente no critique la actitud de Rusia y Bielorrusia respecto al disidente ruso Aleksei Navalni. Los contactos eran de alto nivel, continúa, porque Terradellas tendría incluso conocimiento de la intención de Rusia de invadir Ucrania. Una vez Terradellas fue detenido, los contactos los habría continuado Alay.
El juez argumenta que necesita alargar la instrucción por la «complejidad de la causa», porque hay decenas de miles de folios de documentación administrativa adjunta y todavía hay mucha para revisar. A esto le suma los «voluminosos informes remitidos por la policía judicial». «Resulta imposible acabar la instrucción, motivo por el cual procede mantener la declaración de complejidad de la causa y la prórroga de la instrucción por un plazo de seis meses a contar desde el 1 de febrero de 2024».
