El Ayuntamiento de Barcelona sanciona con 420.000 euros el propietario de una finca del distrito de Ciutat Vella que ha alquilado durante años los alojamientos del bloque a turistas de forma ilegal. El ayuntamiento considera que es un incumplidor reincidente y califica la acción de «muy grave».
La propiedad del edificio, situado al número 24 de la calle Ample, es una comunidad de bienes familiar que alquilaba hasta 14 alojamientos en esta finca, que comercializaba como alojamientos turísticos a través de Booking y Airbnb, sin autorización para la actividad turística. El propietario alquilaba ilegalmente todos los pisos a turistas, excepto uno, donde vivía una inquilina de renta antigua que es quien gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los huéspedes en los alojamientos.
El regidor del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha destacado que el proceso de investigación por parte de la Guardia Urbana y los servicios de inspección ha sido «largo» y ha hecho valer la actuación para sancionar con una multa «ejemplar» la estafa que cometía la propiedad. «Perjudicaba gravemente al resto de vecinos de la zona», ha indicado Batlle, que ha hecho referencia a «la expulsión» vecinal que implican este tipo de actividades. «Esperamos que no se repita y sirva como un aviso», ha remachado.
De acuerdo con Batlle, la propiedad ya había tenido expedientes abiertos, pero continuaba con la actividad. El regidor espera que la sanción de casi medio millón de euros sirva para advertir «a quién tenga tentación de hacer una cosa parecida» que el ayuntamiento será «implacable».
Actividad ilegal disfrazada de alquiler tradicional
Según el consistorio, la propiedad ha disfrazado de alquiler tradicional durante años una clara actividad turística sin autorización. Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y a la vez pidiendo las desactivaciones de los anuncios a las dos plataformas.
Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, para evitar la actuación inspectora de la administración.
En este periodo también, el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre y en todos los casos lo engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.
El pasado mes de abril, pero, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana y el distrito de Ciutat Vella, se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupados por turistas alojados en pisos sin licencia de alojamiento turístico.
Después de meses de seguimiento y acumulación de pruebas, la Dirección de Servicios de Inspección, el distrito de Ciutat Vella y la Guardia Urbana han iniciado un procedimiento sancionador contra la propiedad del edificio para alquilar sin autorización las viviendas a turistas.
La propuesta de sanción de 420.000 euros es una cuantía a la cual se llega con el cálculo estimado del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley de Turismo de Cataluña.
El Ayuntamiento señala que la actividad de la propiedad estaba «organizada para esquivar la administración y utilizar de manera fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico y comerciando con el único piso de renta antigua, incorporando su arrendataria a la gestión turística del inmueble».
Además, el consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, para que la propiedad responda también si procede ante la hacienda pública.
Reducción del alquiler turístico ilegal masivo
Según el ayuntamiento, el alquiler turístico ilegal masivo se ha reducido de miles en los años 2016 y 2017 a poco más de un centenar mensual en estos meses.
Ante esta nueva situación, los servicios de inspección mantienen la persecución de la ilegalidad general, pero a la vez disponen de una radiografía «muy esmerada» de la actividad ilegal profesional y pueden diseñar como en este caso una actuación más personalizada de seguimiento y actuación sancionadora de manera más contundente y eficaz.
