El juez Manuel García-Castellón se coge ahora a un nuevo informe de la Guardia Civil para intentar dejar en papel mojado la amnistía de Carles Puigdemont. Se trata de un documento policial, al cual ha tenido acceso el diario ABC, que apunta que las manifestaciones y disturbios que hubo el 2019 en Cataluña contra la sentencia del Supremo se habrían financiado desde Waterloo.
Esta es la conclusión de uno de los informes de la Guardia Civil que forma parte del sumario de la causa de Tsunami Democrático que ha abierta a la Audiencia Nacional y que pretende vincular Puigdemont y Marta Rovira, entre otros, con el movimiento, acusándolos de terrorismo.
Según estos documentos, uno de los investigados en la trama, el ingeniero Jaume Cabaní (que también fue director financiero del Consell per la República) habría recibido transferencias por valor de 28.000 euros procedentes de la Casa de la República, la residencia de Puigdemont en Waterloo. Además, Cabaní también habría pagado algunas facturas del bufete de abogados que defiende el expresidente de la Generalitat.
De hecho, la Guardia Civil va más allá y asegura que el investigado habría desviado fondos públicos para financiar la estrategia alrededor del proceso independentista. Incluso dice que podría haber cometido un delito de blanqueo de capitales.
