La Agencia Catalana de Consumo quiere multar a Renfe con 700.000 euros por falta de información en la avería de Gavà

Esta propuesta de sanción solo hace referencia a uno de los expedientes que Consumo inició

    Un tren de Rodalies en la estación de Gavà (Albert Segura, ACN)

    La Agencia Catalana de Consumo ha propuesto sancionar a Renfe con 700.000 euros por vulnerar los derechos de los consumidores al considerar que hubo falta de información a los viajeros y de atención al cliente a raíz de la avería a la R2 Sur el pasado mes de mayo, causada por un incendio en un cuadro de señales en Gavà (Barcelona). Concretamente, Consumo observó deficiencias en la información a los usuarios en relación con la alteración del servicio, los horarios y los transportes alternativos; detectó puntos de atención al cliente cerrados o que se vendían billetes en las máquinas automáticas para trayectos suspendidos o que se anunciaban como directos o semidirectos cuando en realidad se acababan parando en todas las estaciones.

    La Generalitat imputa a la operadora el cargo de «realizar prácticas desleales, por acción o por omisión» que hizo que los usuarios estuvieran mal informados a la hora de comprar billetes. Para Consumo, es una infracción muy grave «atendida la alteración social producida» y la «desconfianza que se ha generado en las personas consumidoras hacia este servicio ferroviario y la situación de predominio que Renfe tiene en el mercado».

    El mes de mayo, la Agencia Catalana de Consumo inició tres expedientes sancionadores en Barcelona, Tarragona y las Tierras del Ebro por infracciones muy graves, y ya avisó de que las multas podían oscilar entre 100.001 y un millón de euros, de acuerdo con el régimen sancionador del Código de Consumo. Los inspectores se desplegaron el día 3 de aquel mes en las estaciones de Rodalies (Cercanías) de Barcelona-Sants, el paseo de Gracia, el Camp de Tarragona, Reus y l’Aldea-Amposta-Tortosa para comprobar si Renfe daba cumplimiento a sus obligaciones con los consumidores y si llevaba a cabo las medidas oportunas para minimizar las consecuencias de la incidencia.

    La propuesta de sanción de 700.000 euros solo hace referencia al primero de los expedientes, mientras que los de Tarragona y las Tierras del Ebro todavía continúan en trámite. Esto podría hacer subir todavía más el importe total de la posible sanción si Consumo determina que también hubo irregularidades.

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