Las asociaciones de jueces han rechazado las referencias al «‘lawfare’ o judicialización de la política» en el acuerdo de Junts y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Los magistrados opinan que el texto contiene «referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria» para determinar la presencia de «situaciones de judicialización de la política», con las consecuencias que, en su caso, «pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Los togados opinan que a la práctica esto podría suponer «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con intromisión evidente en la independencia judicial y rotura de la separación de poderes».
