El censo tramposo de Laporta puede convertirse en otra acción antisocial

Aunque la junta ha ampliado un mes el límite de identificación telemática, la pasividad y los problemas técnicos amenazan a decenas de miles de socios que podrían perder su carnet y su abono

Joan Laporta

La posibilidad de que la actualización del censo de socios del FC Barcelona acabe siendo una sonada operación limpieza está a sólo un mes de convertirse en una de las noticias azulgrana más generadoras de convulsión del año. Eso es así porque algunas fuentes revelan que aproximadamente la mitad sigue pendiente de realizar el trámite de confirmar su identidad, ratificar su condición de socio y mantener tanto el carnet de socio como el abono, si procede, y conservar la antigüedad a efectos de voto, de ser elegible presidente (10 años), directivo (5 años) o senador vitalicio en el caso de que el número de socio descienda por debajo del millar en las actualizaciones anuales. También, claro está, para recibir la insignia de plata, de oro y de platino al cumplir cada cuarto de siglo acumuladamente.

Uno de los periodistas especializados en la información azulgrana con una mayor sensibilidad social, Xavi Bosch, columnista habitual en Mundo Deportivo, venía alertando días atrás del drama que se avecinaba si al final del plazo previsto, el día 31 de octubre, no se había imprimido un mayor ritmo de autentificaciones a través de la tecnología de última generación. Un trámite, explicaba, bastante sencillo para la mayoría de los socios barcelonistas más jóvenes, aunque bastante complicado para el bloque social, mayoritario, de edad avanzada.

Consumidos los meses con la disponibilidad abierta de realizar la gestión on line se hizo evidente que un porcentaje muy elevado del barcelonismo afiliado, leal y veterano seguía sin completarlo, habiéndose detectado una evidente desorientación entre ese colectivo debido a que en un momento dado el club hubo de interrumpirlo por defectos técnicos. Más tarde se reanudó con la anulación de la identificación mediante la voz que había provocado malestar, problemas y amenazas de impugnación por cuestiones legales relacionadas con la protección de datos y de la intimidad de las personas. Sucesivas comunicaciones desde el club acabaron produciendo una especie de empanada entre la masa social y un frenazo al ritmo de identificaciones.

El peligro advertido por Xavi Bosch en un artículo del pasado día 10 de octubre subrayaba que «El Barça, en su web y en la comunicación al socio, le dice que hace falta censarse «para mejorar la seguridad y la comunicación con el club». Pero ojo, que el censo, que termina el próximo 31 de octubre, tiene truco. La amenaza llega en el quinto y último párrafo del correo electrónico que han recibido los socios que todavía no han hecho la gestión oportuna y que se estima que son el 50%». Textualmente, dice: «Todos los socios y socias que no hayan actualizado sus datos en el censo no podrán acceder a la renovación del carnet para el año 2024, y comportará la pérdida de la condición de abonado en la renovación del abono del nuevo Spotify Camp Nou».

Desde la junta, la actitud ha sido inequívocamente pasiva, a diferencia del anterior proceso de actualización del censo puesto en marcha en 2011 por la directiva de Sandro Rosell, acompañado de un intenso calendario de comunicación y de interacción para evitar precisamente el lógico y habitual descuido de este tipo de gestiones. En volumen, aquel fue más eficiente, pues se llegaron a identificar mediante una acción presencial o certificación oficial un total de 144.756 socios sobre una cifra irreal de 170.110 que se daba por buena en 2012, cuando arrancó la compleja maquinaria para poner el censo al día.

Claro que se invirtieron enormes recursos y tiempo, casi dos años, mientras que ahora se ha pretendido simplificarlo a base de una tecnología telemática para intentar confirmar la identidad de los 144.846 contados a 30 de junio de 2023. Joan Laporta decidió aplicar este aclarado de la masa social en junio de 2022, aunque a la hora de la verdad no fue hasta el día 4 de mayo cuando arrancó de verdad la mecánica y también los errores e incidencias técnicas. Es decir, que los socios han dispuesto de unos seis meses de plazo. Un cuarto del periodo invertido en el anterior sin que la junta haya accionado medidas directas y efectivas para estimular el proceso.

El resultado, como apuntaba Xavier Bosch con más que justificada preocupación, es que con el límite puesto en el 31 de octubre se evaluaba el éxito o el fracaso de esta iniciativa en aproximadamente la mitad; o sea, en poco más de 70.000 socios. La alarma posterior la dio el propio síndic del soci, Joan Manel Trayter, solicitando una prórroga en la asamblea del día 21 de octubre pasado. La presidencia le prometió concederla con la boca pequeña, sin poner ningún énfasis en hacer un llamamiento social y firmando un sigiloso comunicado el lunes pasado en el que informaba que «de forma extraordinaria» se procedía a «alargar el plazo para realizar el censo de socios y socias hasta el próximo 30 de noviembre. No está previsto prorrogar el plazo más allá del 30 de noviembre».

Sin el menor ruido, sin estar acompañado de una campaña publicitaria específica o mediante un aviso de última hora socio a socio, los expertos temen lo peor, que apenas se remonte en un leve porcentaje el balance actual y que se pase la guillotina a un 30% o un 35% de la masa social, abonados incluidos, que probablemente no sean conscientes de las consecuencias terribles de no haberse identificado. De ser así, no habrá ninguna lectura dramática, simplemente se habrá producido el efecto esperado y deseado por la propia junta de Laporta, encantada de poder disponer cada vez más de localidades libres para sus intereses y de ver reducido ese lastre social si fuera posible a la mitad o menos. Una estrategia similar a la aplicada para reducir al mínimo los abonados en el Lluís Companys, también minorar la cifra de supervivientes a las obras y, como se ha comprobado, diluir al mínimo la participación de los socios en las asambleas. Nada es casual y menos ese modelo de estrategia censal dirigida en contra de los propios socios. El laportismo es así, no soporta ese lastre que le supone ofrecer demasiados servicios a los barcelonistas que, por razones estatutarias y de antigüedad, pagan mucho menos y además tienen derechos. O mejor dicho, tenían.

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