Creo que la situación en España y aún menos en Catalunya no es la de 1977.Era una situación excepcional de superación de una dictadura, que justificaba una decisión radical de ruptura con el régimen anterior y sus decisiones judiciales, lo que ahora no concurre. Se trata de conseguir un apoyo parlamentario de dos grupos minoritarios para que el PSOE pueda gobernar. Para ese fin, ¿está justificado paralizar y dejar sin efecto todas las actuaciones judiciales que actuaron para paralizar y reprimir un proceso, como la declaración de independencia de Catalunya? Actuación judicial más que justificada dado el carácter evidentemente delictivo del llamado «procés».
Sin duda, ahora, la llamada amnistía es una especie de rendición del Estado democrático ante quienes lo despreciaron y trataron de romper con él. Basta leer la Ley aprobada en el Parlament de Catalunya en septiembre de 2017 que proclamaba la constitución de un Estado independiente en Catalunya.
¿Es admisible una amnistía que sacrifica las actuaciones del Poder Judicial frente a un proceso radicalmente ilegal y antidemocrático, un Poder judicial ya menospreciado con la concesión de los indultos y, aún más, con una reforma improcedente del Código Penal?
Todo ello por un puñado de votos y un Poder Ejecutivo subordinado a una minoría en término de votos que, además, continúa dispuesta a aprovechar la rendición del PSOE para recuperar sus propósitos de ruptura con el Estado democrático español, al que no cesan de amenazar y despreciar. Y tales fines para romper con el Estado en cuanto este ceda como lo está haciendo.
Y en cuanto al Ministerio Fiscal y el Poder Judicial, ¿cuál será la respuesta del Poder Ejecutivo? Porque los jueces, por mandato constitucional sólo están «sometidos al imperio de la ley». Pero no de leyes producto de pactos políticos espurios. La prevista concesión de la amnistía quebranta gravemente la posición constitucional del Poder Judicial y, en buena parte, del propio Ministerio Fiscal.
Y todo ello solo por un reducido puñado de votos.
