El expediente sancionador abierto por el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, a través de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, a la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, por unas declaraciones contra los inmigrantes musulmanes en 8TV, ha generado el rechazo de algunas figuras públicas de la línea dura independentista.
Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, ha escrito a X (Twitter) que «me recuerda demasiado a los regímenes autoritarios del pasado«, antes de añadir el «respeto a la libertad de expresión en una democracia es sagrado».
Alay ha señalado al «gobierno de Tània Verge», a quien acusa de «silenciar la voz de Orriols con una multa de 10.000 euros» que realmente no se le ha impuesto, como ha destacado la exestrella de TV3 Joel Díaz.
El showman ha acusado a Alay de mentir sobre ello «para defender a una señora nazi y su derecho a decir, literalmente, que la «islamización de Catalunya» traerá «violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados»».
El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, además, se ha hecho eco del parecer del escritor y exmiembro de Terra Lliure Aleix Renyé, para quien resulta «sorprendente que un funcionario de la Generalitat decida que unas declaraciones son, o no son racistas; que se enmarcan, o no se enmarcan en la libertad de expresión», antes de añadir que eso deben determinarlo los jueces.
Por su parte, entre otros en una línea similar, el politólogo Ramón Cotarelo, azote constante de ERC en los últimos años, no sólo ha dado por cierta la multa de 10.000 euros -lo que también ha hecho la propia Orriols-, sino que la ha considerado «una medida políticamente totalitaria y jurídicamente inepta» que vincula con que ERC «está histérica porque ven que perderán hasta la camisa».
«¿Ya podemos decir que son fascistas o esperamos que empiecen a encarcelar a la gente por razones políticas?», ha rematado en el mismo mensaje el politólogo, quien también ha manifestado que «la dictadura de Pere Aragonès, que gobierna con el apoyo del 14% de la ciudadanía y el 24% del Parlamento, persigue la libertad de expresión y a los rivales políticos».
