La propuesta de ley de amnistía de Sumar incluye a los agentes de policía que hubieran cometido delitos de lesiones por «uso desproporcionado de la fuerza» en el marco del procés, pero deja fuera aquellas actuaciones «susceptibles de ser calificadas de delitos de torturas y contra la integridad moral o de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público». Así consta en el dictamen que la formación de Yolanda Díaz ha encargado a un equipo de expertos en derecho penal, y que Jaume Asens ha presentado este martes por la tarde en el Ateneo Barcelonés. El documento se ha enviado a ERC y Junts.
El informe elaborado por catedráticos y profesores de derecho penal recuerda que las actuaciones policiales entre el 1 y el 4 de octubre de 2017 “ocasionaron unas 1.000 víctimas de diversa gravedad” y destaca que hay 47 procedimientos penales abiertos. Por otro lado, también señalan que las protestas contra la sentencia del procés dejaron a 438 lesionados y las manifestaciones contra la aplicación del artículo 155 un total de 117 heridos, uno de los cuales perdió un testículo.
Es en este contexto en que la propuesta de Sumar sostiene que “cualquier ley de amnistía tiene que atender una serie de limitaciones materiales”, establecidas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Contra la Tortura de la Asamblea General de la ONU. Son tratados ratificados por España que estipulan la “prohibición absoluta” de estas actuaciones.
En cambio, según el dictamen jurídico, sí que serían “amnistiadas” las actuaciones de la policía “encaminadas a impedir la celebración” del referéndum del 1-O o “el desarrollo de actos en defensa” de esta consulta o contra “decisiones gubernamentales o judiciales”. Se trataría de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales y los delitos de lesiones “cuando hayan sido causados por un uso desproporcionado de la fuerza”.
La propuesta de Sumar también deja fuera del ámbito de aplicación de la amnistía las detenciones ilegales, que describe como “los supuestos de detención en que el funcionario conoce desde el inicio de la actuación que no hay base legal” para justificar la privación de libertad. “Son los supuestos, entre otros, en que el funcionario público realiza la detención alegando desobediencia, resistencia o atentado del ciudadano y es consciente de la ausencia de indicios objetivos de criminalidad”, señala el documento.
Amnistía para los ciudadanos
Más allá de los cuerpos policiales, la propuesta presentada plantea que se tiene que amnistiar a “todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Cataluña”. Incluye todas aquellas susceptibles de ser calificadas de delitos contra la Administración pública, contra la administración de justicia, contra la Constitución y contra el orden público.
Del mismo modo, también da cobertura a los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de morada de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas.
En cuanto al ámbito de aplicación temporal de la ley de amnistía, la propuesta de Sumar considera el 1 de enero de 2013 como inicio, porque empieza “el proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña”, y el 17 de agosto de 2023 como fecha final, porque es cuando se constituye el nuevo Congreso de los Diputados que tiene que decidir sobre esta norma “tan excepcional”.
