El TSJC obliga a la Generalitat a pagar 81 MEUR de deuda a Renfe

Es el importe que el gobierno catalán debe a la compañía por los servicios de Cercanías que se han añadido

    Andenes de la estación de San Andreu Comtal, en Barcelona (ACN)

    El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a pagar 80,9 millones de euros a Renfe por la ampliación de los servicios de Cercanías que se han ido haciendo a petición del gobierno catalán en los últimos años, después del traspaso de 2010. Así se desprende de una sentencia a la cual ha tenido acceso la ACN.

    La compañía habría reclamado este importe al Departamento de Territorio, pero el ejecutivo catalán no lo habría abonado argumentando que buena parte de este coste corresponde al canon ferroviario que se paga por circular por la infraestructura de Adif, y que es competencia del Ministerio de Transportes. Renfe había reclamado el dinero tanto a nivel técnico como político, y finalmente ha optado por la vía judicial.

    Al contrario de lo que defiende el gobierno catalán, el tribunal asegura que Renfe «ha cumplido» con la ampliación de los servicios demandados por la Generalitat desde el traspaso de Cercanías. «Este plan (…) incluye la implantación de nuevos servicios de cercanías o regionales, el incremento de frecuencias, la mejora de los estándares de calidad del servicio, etc. Su financiación corresponde en exclusiva en la Generalitat», indica el texto.

    En este sentido, la sentencia recuerda que en un primer momento la Generalitat hizo una contribución financiera de 50 millones de euros que sirvió para financiar el denominado «Plan de Acción» hasta 2014. «Una vez consumido dicho importe, los impagos de la Generalitat se han hecho insostenibles para la recurrente. A partir de 2016, la Administración demandada no ha efectuado ningún pago«, agrega la resolución. En este sentido, el tribunal recuerda que tampoco se ha planteado ninguna reclamación ante la Administración General del Estado.

    La sentencia no es firme, y admite recurso de casación. De hecho, el gobierno de la Generalitat ya ha avisado que recurrirá contra la decisión del TSJC.

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