Los socios y seguidores del FC Barcelona, al menos los casi 17.000 abonados que hoy representan a la masa social dispuesta a animar al equipo en Montjuïc, se enfrentan ahora a otra adversidad que la junta, pese a haber preparado el traslado desde hace más de un año, no ha sido capaz de resolver ni controlar. Frente al Sevila, en el partido de Liga correspondiente a la jornada 8, señalado para el viernes 29 de septiembre a las 21 horas, se produce la primera de las cuatro coincidencias previstas con un macroconcierto en el Palau Sant Jordi.
El problema no es sólo la masificación y complicación de los accesos debido a que, prácticamente a esa misma hora, el Palau Sant Jordi alberga la actuación de Joaquín Sabina con todas las entradas vendidas. Desde el Ayuntamiento no ha quedado del todo claro que, del mismo modo que a los abonados y espectadores de los partidos de fútbol en el Lluís Companys se les prohíbe acercarse a Montjuïc en vehículo particular y sólo se permite un número limitado de motocicletas, los espectadores del concierto estén sujetos a la misma normativa. Hasta ahora, el público de los eventos musicales en la montaña, el Estadio Olímpico o el Palau Sant Jordi, se había buscado la vida por su cuenta y riesgo ante la actitud contemplativa de la Guardia Urbana en cuanto a la movilidad.
Para esta primera colisión de miles de espectadores que han de usar y compartir los mismos accesos para espectáculos dispares, por lo que respecta a los fans de Sabina no existe un plan viario específico ni autobuses lanzadera desde varios puntos de la ciudad, y mucho menos una zona de aparcamiento conectada con una línea de bus especial desde la Fira de l’Hospitalet al Lluís Companys. Nada está previsto a diferencia de los aficionados del Barça, una circunstancia que hace temer complicaciones para los asistentes al Palau si se encuentran con barreras insalvables, calles cortadas desde mucho antes e impedimentos inusuales, o bien las legítimas y justificadas quejas de los barcelonistas si a los otros visitantes se les permite invadir la montaña con sus coches y motos.
La postura de la junta de Joan Laporta ha sido, una vez más, mezquina y ridícula. Aunque estos cuatro conciertos se acordaron mucho antes de que el Barça optara por el alquiler del Lluís Companys, el presidente azulgrana no ha sido capaz de influir en el sorteo para, por lo menos, evitar alguna de estas coexistencias. Ni movió un dedo antes ni tampoco cuando se sorteó el calendario. Eso sí, aparentó un falsa sorpresa y cierta rapidez de reflejos anunciando que iba a solicitar a LaLiga un cambio de fechas o de horario. El cuerpo ejecutivo de Laporta sabía que, además, el sábado día 30 de septiembre actúa Hombres G en el Palau. O sea, el mismo problema, y que el Sevilla, jugando el martes siguiente su partido de competición europea, tampoco podía aceptar ningún cambio. Laporta hubo de renunciar siquiera a plantear mover el partido, entre otros motivos porque a las televisiones les da igual si se verá afectado el aforo del Lluís Companys, se colapsarán los accesos a Montjuïc o si la inopia de la Guardia Urbana de Barcelona convertirá ambos eventos en un infierno para los espectadores.
Ahí no acaban las complicaciones, pues los conciertos de Manuel Carrasco (21 octubre, 21.30h), Miguel Ríos (28 octubre, 21.00h) y Raphael (2 diciembre, 20.00h) podrían coincidir con los partidos contra el Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente, estos tres aún pendientes de día y hora concretos.
De forma añadida, Laporta debe hacer una interpretación inédita de los estatutos sobre la asamblea ordinaria que, según el artículo 21º, «preceptivamente deberá celebrarse una vez al año, dentro de los cuatro meses naturales siguientes a la finalización del ejercicio», lo que significa antes del 31 de octubre próximo. Otro de los artículos, sobre la fecha de celebración de asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, dice que «deberá coincidir preferentemente con un día de partido oficial en el Estadio».
Este escenario, como es evidente, ha cambiado por razones obvias debido a las obras en curso de la remodelación del Camp Nou. El espíritu de la norma, sin embargo, también parece claro, pues se incluyó en una de las reformas propuestas en los estatutos en tiempos de Sandro Rosell con la finalidad de favorecer la asistencia de los socios compromisarios, obligando a la junta de turno a celebrar la asamblea el mismo día del partido y, colateralmente, lo más cerca del Camp Nou. Estos son los motivos por los que se han venido desarrollando en el Palacio Internacional de Congresos de Cataluña, a escasos minutos del estadio, o, cuando era posible, en el Palau Blaugrana, una localización aún más próxima.
Los partidos posibles para celebrar la asamblea ordinaria de 2023 son frente al Celta (23 de septiembre), el Sevilla (29 de septiembre), el Athletic Club (21 o 22 de octubre) y el Real Madrid (29 de octubre), en estos tres últimos con conciertos de por medio y, por tanto, sin posibilidad de darle un uso social al Palau Sant Jordi, si bien existen equipamientos de sobras cerca, prácticamente en la misma falda de Montjuïc, para alojar la reunión anual de los socios del Barça.
Con todo, parece precipitado que Laporta quiera convocar la asamblea para alguna de las dos fechas posibles en septiembre, favoreciendo la complicación de esta temporada que supone la concurrencia de un partido del Barça en el Lluís Companys, un macroconcierto en el Palau Sant Jordi y una asamblea de compromisarios azulgrana.
Un escenario condicionado a que Laporta sufra un imprevisto ataque de democracia y acepte la normalidad de volver a celebrar asambleas presenciales, pues las virtuales -el formato que más le gusta y mejor le conviene a sus oscuros planes- no están contempladas en los estatutos y los decretos de excepcionalidad de la pandemia han decaído tras declararse por finalizado el amparo legal por el estado de emergencia hace ya unos meses.
Otra cosa es lo que Laporta, que ha abandonado la vía de la legalidad y del respeto a los estatutos hace ya muchos años, decida que en el Barça las asambleas sin socios, sin garantías del control del voto ni de la participación han llegado para quedarse. Laporta obedece a su propia ley y a su propio orden con permiso de la prensa y del resto de los poderes políticos, financieros, judiciales y ciudadanos. Pase lo que pase, las condiciones jugarán en contra de la asistencia de los compromisarios, eso está asegurado.
