La perversión de la amnistía

El nacionalismo catalán va de fracaso en fracaso. Esta es su constante histórica y ya sería hora que sus dirigentes se lo hicieran mirar. La estrategia del embate y de la confrontación con el Estado español siempre acaba mal y del mismo modo: suplicando clemencia –también llamada “negociación”- a Madrid para obtener el perdón de los pecados y la exculpación de las penas. Y vuelta a empezar…

Rafael de Casanova, el héroe de la resistencia de Barcelona y símbolo del 11 de Septiembre del 1714, murió tranquilamente en su casa de Sant Boi de Llobregat, en 1743, después de obtener el perdón real de Felipe V, como pasó con la gran mayoría de los líderes de la causa austriacista. Jordi Pujol también fue exculpado en 1986 por la Audiencia de Barcelona de la quiebra de Banca Catalana, a pesar de las gravísimas y documentadas acusaciones formuladas por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena contra los directivos de este grupo financiero.

A diferencia de los militantes de ETA, muchos de los cuales todavía purgan penas de prisión 12 años después de la disolución de la organización terrorista, los activistas de Terra Lliure acabaron todos indultados en 1996, gracias a los buenos oficios de Jordi Pujol ante su “socio” José María Aznar. Ahora, aprovechando el factor matemático que han dejado las elecciones generales del 23-J, los partidos independentistas intentan conseguir una “amnistía” para todos los implicados en el referéndum del 1-O del 2017.

El movimiento independentista está secuestrado, desde hace años, por una obsesión marquetiniana basada en grandes palabras y eslóganes de impacto (“derecho a decidir”, “el voto de tu vida”, “ahora es la hora”, “un solo pueblo”, “lo volveremos a hacer”…) que, a la vista de los resultados, ha sido un estrepitoso fracaso. En las elecciones generales pasadas, ERC y JxCat quedaron por detrás del PSC y de Sumar y la CUP no obtuvo representación parlamentaria.

A pesar de estos raquíticos resultados electorales, los 14 escaños de ERC y JxCat parecen decisivos para obtener la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. Aprovechando esta “carambola”, los independentistas han lanzado la consigna de la “amnistía”, como exigencia sine qua non para apoyar  la reelección del presidente español.

“Amnistía” es una reivindicación que entronca con la lucha antifranquista y que encabezaba la hoja de ruta de la plataforma unitaria de la Asamblea de Cataluña para salir de la dictadura. Finalmente, fue acordada por el Congreso de los Diputados en 1977, poco después de las primeras elecciones democráticas y antes de emprender la redacción de la nueva Constitución.

Pero, del mismo modo que la actual Asamblea Nacional Catalana (ANC) no tiene nada que ver con la Asamblea de Cataluña, la amnistía que ahora reclaman los independentistas tampoco tiene nada que ver con la amnistía del 1977. Entonces se trataba de romper con la dictadura para pasar a la democracia y de vaciar las cárceles de luchadores antifranquistas.

Hay que aclarar que, después de la concesión de los indultos, en la actualidad, no hay ningún independentista preso en ninguna cárcel por los hechos del 1-O. Todavía hay, eso sí, importantes causas pendientes de juicio: las que afectan a Carles Puigdemont y a los ex-consejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, prófugos de la justicia española; la de los organizadores de los disturbios del Tsunami, entre los cuales está la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la del aparato logístico del referéndum del 1-O, que toca directamente a dos “pesos pesados” de ERC, como son Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, lugartenientes de Oriol Junqueras; la de los CDR de la Operación Judas, acusados de terrorismo; y el juicio que se tiene que hacer en el Tribunal de Cuentas el 17 de noviembre próximo, por las partidas públicas desviadas para la celebración del referéndum del 1-O, en el cual la Fiscalía pide multas de 3,4 millones de euros para unos treinta políticos y ex-altos cargos de la Generalitat.

La amnistía que reclaman ERC y JxCat al PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez no es para abrir una nueva página de la historia de Cataluña y de España, como lo fue la del 1977. Es una amnistía para mantener el statu quo autonómico vigente, pero librando de responsabilidades penales a los protagonistas del intento fallado de secesión del 2017, que empezó, no lo olvidemos, a raíz de la imputación, en 2012, de Oriol Pujol, el heredero dinástico de la Generalitat, por el caso de corrupción de las ITV.

La perversión y tergiversación de las palabras y de la historia, amplificada por el potente aparato propagandístico al servicio de la causa procesista -subvencionado generosamente con dinero público-, es uno de los factores capitales para entender todo aquello que hemos vivido y sufrido en Cataluña en estos últimos diez años. Equiparar la lucha y el sufrimiento de los militantes antifranquistas con la de los “independentistas de salón” que tenemos es una burla –una más- a la memoria y a la dignidad democrática. Por eso, la amnistía que ahora exigen es una farsa.

Todos sabemos que si los dirigentes independentistas son amnistiados por el futuro Gobierno de Pedro Sánchez, “lo volverán a hacer”. Además, una legislatura que dependa de los siete escaños de JxCat está condenada a la inestabilidad y tendrá una corta duración.

En el horizonte están las predicciones del farmacéutico Alexandre Deulofeu, que en aplicación de su “matemática de la historia”, auguró que la independencia de Cataluña se producirá en 2029. Este Nostradamus de Figueres se convertirá, a buen seguro, en el gurú y el acicate del movimiento secesionista para forjar y provocar, en los próximos seis años, un nuevo estropicio… y, una vez fracasado, pedir otra vez la amnistía. Tiempo al tiempo.