En respuesta al último ataque de Mossos d’Esquadra contra Josep Maria Bartomeu, el expresidente ha levantado especialmente la voz contra la que considera una escandalosa práctica policial desde el inicio de la instrucción consistente en alimentar periódica y artificialmente el Barçagate a base de abrir investigaciones e informes que, además de centrarse en cuestiones que nada tienen que ver con el objeto de la instrucción, utilizan como base un material documental sobre el que no tienen tampoco la potestad de manejar en esta especie de juicio paralelo.
En el contenido de las alegaciones de respuesta al informe de la semana pasada, filtrado como siempre a SER Catalunya y a EFE, donde también colabora la trama de periodistas encargados de darle al relato de Mossos la forma y el impacto mediático correspondiente, la defensa de Bartomeu reitera la ilegalidad constitucional de este tipo de actuaciones, del todo contrarias al derecho procesal, y además sugiere que debe sospecharse y recelar del vínculo laboral entre la junta de Joan Laporta y el cuerpo autonómico desde el mismo día de la victoria en las urnas. Al menos tres altos cargos de Mossos han sido contratados con el pretexto de reforzar y dirigir el área de seguridad del club, que han prestado servicios en excedencia para volver al cuerpo con los bolsillos llenos de la generosidad de Laporta. En el escrito se acusa además a alguno de ellos de haber participado incluso en la configuración de los informes que, de con regularidad, vienen apareciendo, primero en la prensa, siguiendo un calendario más que oportuno y coincidente con las necesidades mediáticas de la organización laportista.
Este último informe, en concreto, hizo su aparición en la semana que se producía la espectacular y potente presentación de Leo Messi en el Inter Miami y su posterior debut, que no pudo ser tampoco más brillante y ruidoso con un gol de falta en el último segundo obra de delantero argentino. Precisamente, la presentación de Gundogan se hizo coincidir con la de Leo el lunes pasado para distraer y el foco y evitar, entre otras cosas, comentar o analizar los motivos por los que Laporta aún no ha conseguido inscribir a ninguno de la larga lista de jugadores renovados, mejorados o fichados desde otoño del año pasado hasta ahora.
“Ya he denunciado en anteriores ocasiones -afirma Bartomeu en un comunicado- que, tanto en los escritos del FCB como en los informes parciales de los Mossos d’Esquadra, por cierto, elaborados con la intervención de algunos de ellos que han mantenido una relación profesional en el FCB, se ha tratado de justificar que la imputación de delitos concreto faculta al cuerpo para desarrollar investigaciones prospectivas de la totalidad de mi actividad institucional. Lo prohíbe específicamente la ley. Por eso, reclamo de la fuerza policial que se ajuste a valorar hechos concretos y no conductas o formas de vida. Es inadmisible su pretensión de examinar sin límite alguno cualquiera de las decisiones de carácter económico que se hayan tomado durante mi presidencia”.
Lógicamente, la defensa de Bartomeu ha solicitado el rechazo a la incorporación de este otro informe fantasma según el cual desde el Barça se desviaban fondos a una empresa de Márquetin, Amalgama, finalmente utilizados para financiar una campaña de medios a favor de Bartomeu por parte de dos periodistas, Marçal Lorente y Albert Lesán en un relato que no es nuevo y que, más bien, recupera wasaps de otro informe anterior y añade presuntas cifras de trasiego comercial entre las cuentas del Barça y de Amalgama. Esta vez no hubo, por parte de los medios altavoces, el habitual contraste de estas informaciones con los afectados, que además de negarlas afirman disponer de pruebas más que suficientes y sobradas para demostrar la absoluta falsedad de estas acusaciones que ahora está en manos de la magistrada admitir o no dentro de la causa, rechazarlas o abrir una pieza separada.
Bartomeu ha elevado a la jueza que considera “una circunstancia preocupante el hecho de que, como es público y notorio, son varios los responsables de los Mossos d’Esquadra que, habiendo solicitado la excedencia, han sido contratados por el área de seguridad del FC Barcelona, siendo despedidos al cabo de un tiempo, se supone que con la correspondiente indemnización, para reincorporarse nuevamente a puestos de alta responsabilidad dentro del cuerpo. Esta situación genera como mínimo suspicacias y recelos”.
El modus operandi denunciado pasa por repasar el material que fue incautado en los registros sorpresa y sin mandato judicial del 1 de marzo de 2021, precisamente al inicio de la última semana de las elecciones a la presidencia del Barça cuando el intenso fuego contra la herencia y Bartomeu había dejado de estimular tanto el voto de castigo contra la anterior junta y a favor de Joan Laporta. Los requisamientos se llevaron a cabo en las oficinas del club azulgrana y en los domicilios privados y profesionales del expresidente Josep Maria Bartomeu, así como de los exejecutivos Òscar Grau, Jaume Masferrer y Román Gómez Ponti. Al respecto, Bartomeu considera que la actuación de Mossos “está completamente fuera de los cauces constitucionales por tratarse de una investigación prospectiva, es decir sin autorización judicial y ajena a la causa concreta que motivó en su día la incautación de documentación y registros telefónicos. Un material que -añade- en ningún caso puede utilizarse sin la autorización expresa de la jueza ni tampoco para explorar otros indicios de delito”. Según el expresidente, el cuerpo de Mossos “transgrede sistemáticamente el mandato constitucional de ceñirse a la acotación de sus funciones cuando interviene bajo la autoridad judicial”.
También califica de “parciales, sesgados y ninguno definitivo” los informes de Mossos remitidos hasta ahora, sugiriendo su descarada voluntad de “prolongar sin necesidad ni justificación” el proceso de instrucción en el tiempo. “Sólo en este último informe -afirma- se hace referencia a la causa sobre supuestas evidencias localizadas en los dispositivos informáticos, pero de nuevo sin estar asociados a la contratación del grupo Nicetream cuyos servicios son los que constituyen, en interpretación de la acusación, los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Solo se hace referencia a la empresa de márquetin Amalgama, contratada puntualmente como muchas otras del sector por el FCB, en un relato plagado de falsedades como que se había concertado utilizado para pagar a periodistas o empresarios con la única finalidad de beneficiar mi imagen pública”.
Bartomeu recuerda que “el propio juzgado ya ha advertido anteriormente que los informes deben ceñirse al objeto para el que fue autorizado el al examen del material documental y que en ningún momento se les ha permitido un estudio indiscriminado de datos”.
Se da la circunstancia, cuando menos curiosa, que uno de los periodistas que lidera el Barçagate y que señala a otros compañeros profesión con el énfasis de la sospecha de cobrar del Barça por medio un tercero interpuesto, según el informe de Mossos, había colaborado puntualmente -tal como afirman que lo hicieron Lorente y Lesán- con Amalgama, aunque eso sí sin dejar rastro, o sea sin facturas y sin dejar de seguir cobrando del medio en el que trabaja.
A todo esto, Mossos no ha concluido el informe sobre la motivación de la querella, seguramente porque no encuentra el vínculo, las pruebas ni los indicios delictivos para sostenerla, motivo por el cual la magistrada se ha visto obligada a ampliar seis meses más la instrucción. La otra lectura, más perversa, es que el aparato laportista dispone de seis meses más de margen por si aparece algún otro informe de Mossos monotemático que pueda aprovechar para desviar la atención de la opinión pública.
